La Junta de Extremadura inicia la retirada de la cita previa en sus servicios

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha su estrategia de desregulación administrativa con una primera medida: retirar progresivamente la cita previa obligatoria en los servicios y procedimientos donde no resulte imprescindible por razones técnicas u organizativas. La posibilidad de reservar día y hora seguirá existiendo, pero dejará de ser un requisito indispensable en aquellos trámites en los que pueda prestarse atención sin ella.

Por ahora, la cita previa seguirá siendo obligatoria en los servicios que requieren una planificación específica o una gestión técnica, como las inspecciones de la ITV, la vacunación internacional, determinadas unidades especializadas del Servicio Extremeño de Salud, las valoraciones de discapacidad y dependencia y algunos procedimientos de salud pública organizados mediante agenda. La Junta estudia cómo agilizar estos procesos y si también resulta viable eliminar en ellos este requisito.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha presentado este lunes las primeras líneas de un plan con el que el Ejecutivo autonómico pretende reducir cargas burocráticas y facilitar la relación de los ciudadanos, los autónomos y las empresas con la Administración regional. "Nuestro objetivo es que la cita previa sea una herramienta voluntaria y no una traba burocrática más que aleje al ciudadano de la Administración", ha señalado Fernández Calle. La Junta no ha precisado todavía qué servicios dejarán de exigirla ni el calendario previsto para aplicar la medida.

La retirada de esta obligación constituye, según el vicepresidente, el primer avance de una estrategia "mucho más profunda", dirigida a revisar procedimientos, eliminar requisitos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta. "Persigue hacer una Administración más ágil, más eficiente y, sobre todo, mucho más útil para todos los extremeños", ha afirmado.

Tres pilares para una comunicación rápida

El plan contempla además la implantación progresiva de una vía rápida de comunicación entre los ciudadanos y la Administración regional. Se asentará sobre tres pilares: una ventanilla única para evitar desplazamientos entre organismos, la aplicación del silencio administrativo positivo cuando la normativa lo permita y el principio del dato único, para no reclamar documentación que ya esté en poder de alguna administración pública.

A estas medidas se sumará la apertura de un Buzón de Desregulación, un canal permanente a través del cual ciudadanos, autónomos y empresas podrán comunicar trámites que consideren innecesarios o excesivamente complejos. La herramienta ya está preparada y la Vicepresidencia anunciará en los próximos días su puesta en funcionamiento. Las propuestas recibidas serán estudiadas por la Consejería para determinar si procede modificar o eliminar los procedimientos señalados. "Los ciudadanos podrán hacernos llegar sus sugerencias y también esas trabas que están sufriendo y que consideran innecesarias, para que podamos estudiarlas y, en caso necesario, eliminarlas".

Fernández Calle ha definido la estrategia como "un camino que no tiene retorno", basado en "el sentido común, la confianza en el ciudadano y la construcción de una Administración mucho más ágil y útil para todos".

La Junta también trabajará para aplicar, dentro del marco jurídico vigente y de sus competencias, el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. El propósito expresado por el Ejecutivo regional es orientar estas políticas hacia la atención prioritaria de las necesidades de los españoles y, especialmente, de los extremeños.

Una relación "útil y rápida"

La Vicepresidencia plantea crear una relación con la Administración que sea "eficaz, sencilla, útil y rápida". El primero de los ejes será una ventanilla única que permita centralizar trámites vinculados a distintos organismos. "No queremos ciudadanos que estén dando vueltas constantemente por las administraciones para hacer un trámite", ha explicado Fernández Calle.

El segundo pilar será el silencio administrativo positivo. Cuando la legislación lo permita, la solicitud del ciudadano podrá entenderse aceptada si la Administración no ofrece una respuesta dentro del plazo establecido. El tercer eje será el principio del dato único, con el que se pretende evitar que los usuarios tengan que presentar repetidamente documentos o información que ya obren en poder del sector público. "Queremos que toda esa información que tiene la Administración no tenga que ser nuevamente solicitada al ciudadano", ha indicado el vicepresidente.

La estrategia incorpora también el principio de prioridad nacional, que la Junta pretende extender a sus diferentes áreas de actuación dentro de los límites que establezcan la legislación y las competencias autonómicas. Fernández Calle ha señalado que este criterio emana de los acuerdos del Consejo de Gobierno y que las políticas públicas deben dirigirse principalmente a atender las necesidades de los ciudadanos. "La política pública debe orientarse siempre a responder a las necesidades de los ciudadanos y no a ponerles zancadillas", ha defendido.

Un buzón abierto

La Junta quiere que la revisión de los procedimientos cuente con la participación de quienes se relacionan diariamente con la Administración. Para ello pondrá en marcha el Buzón de Desregulación, en el que podrán formularse sugerencias y comunicarse requisitos o trámites considerados innecesarios. "Este proceso de desregulación no se va a hacer desde un despacho, sino hablando y preguntando a los ciudadanos, a los autónomos y a las empresas, que son quienes sufren esta terrible maraña administrativa en la que nos hemos visto inmersos", ha manifestado Fernández Calle.

Las propuestas recibidas serán estudiadas por la Consejería para determinar si procede modificar o eliminar los procedimientos señalados. La Vicepresidencia informará próximamente sobre el funcionamiento del canal y las vías disponibles para enviar las aportaciones. "Los ciudadanos podrán hacernos llegar sus sugerencias y también esas trabas que están sufriendo y que consideran innecesarias, para que podamos estudiarlas y, en caso necesario, eliminarlas", ha añadido.

Fernández Calle ha definido la estrategia como "un camino que no tiene retorno", basado en "el sentido común, la confianza en el ciudadano y la construcción de una Administración mucho más ágil y útil para todos".