Extremadura exigirá que superficie y baja densidad pesen más en la financiación autonómica

Extremadura acudirá al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la exigencia de que la superficie y la baja densidad de población tengan un peso determinante en el nuevo modelo de financiación autonómica. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido que estas variables resultan esenciales para calcular el coste real de mantener los servicios públicos en una comunidad con cerca de un millón de habitantes, pero con un territorio muy extenso y una población dispersa como Extremadura.

El encuentro se celebrará el 4 de septiembre, después de que el Ministerio de Hacienda aplazara la reunión inicialmente prevista para el pasado 29 de julio. Un día antes, el 3 de septiembre, se reunirá el comité técnico. Las comunidades gobernadas por el PP habían solicitado más tiempo y documentación para poder analizar una propuesta que debe sustituir al modelo vigente, caducado desde 2014.

A la espera de información

Manzano espera que el aplazamiento sirva para que el Gobierno central facilite la información todavía no ha recibido la Junta. El Ejecutivo extremeño tampoco dispone de información suficiente sobre cómo operarán los distintos fondos, qué mecanismos de nivelación se aplicarán o qué cantidades recibirá finalmente cada territorio. "Si se suspende la reunión y se atiende a la petición de las comunidades autónomas, es para atender también aquello que todas pedíamos", ha señalado Manzano este martes en declaraciones a los medios desde Badajoz.

La posición que defenderá Extremadura se centrará en evitar que la población se convierta prácticamente en el único criterio de reparto. Manzano rechaza que esta variable tenga un peso del 97% y reclama que el sistema mida de una manera más precisa el coste efectivo de prestar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el resto de servicios públicos en cada comunidad.

Dispersión geográfica

"Tenemos un millón de habitantes con una extensión territorial muy amplia. Es necesario tomar en cuenta la superficie o la densidad de población", ha manifestado. Una población repartida entre numerosos municipios y núcleos rurales obliga a mantener centros sanitarios, colegios, transporte y servicios sociales en zonas con pocos habitantes, lo que eleva su coste frente a los territorios con una mayor concentración demográfica.

La Junta considera, por tanto, que el nuevo sistema debe garantizar una financiación suficiente con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos. "Queremos un sistema de financiación autonómica en el que Extremadura se encuentre adecuadamente representada y en el que haya variables que midan de manera determinante el coste efectivo de prestación de los servicios aquí", defendió la consejera.

Vídeo | Entrevista a Elena Manzano, consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

Críticas por Cataluña

Manzano también censura que el Gobierno diseñe mecanismos específicos para Cataluña mientras el resto de comunidades desconoce todavía el funcionamiento completo del modelo y las cantidades que recibirá. "Se crean mecanismos ad hoc, pensados solamente para contentar a una comunidad autónoma, para destinar recursos a Cataluña, y aún a día de hoy no sabemos cuál es la cifra exacta de lo que va a recibir esta comunidad autónoma", ha declarado.

Frente a ello, ha reclamado que cualquier decisión sobre los recursos comunes se debata en el CPFF y con la presencia de todos los territorios. "Lo que es de todos se debate en el seno de un órgano multilateral en el que están todos y sabiendo exactamente qué es lo que van a percibir todos", ha añadido.

La consejera ha insistido en que la información previa será imprescindible para que Extremadura pueda fijar su posición antes de la reunión técnica del 3 de septiembre y del Consejo del día siguiente. "Si queremos aprobar un modelo consensuado con todas las comunidades autónomas, lo primero es la información", sostuvo.

La Junta seguirá reclamando al Ministerio de Hacienda toda la documentación durante las próximas semanas. "Tenemos derecho a contar con recursos suficientes para prestar esos servicios públicos y nuestro Gobierno, sin duda, lo va a ejercer", ha concluido Manzano.