Extremadura se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto obligatorio de menores migrantes

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha asegurado este miércoles que el Gobierno extremeño se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. El dirigente de Vox ha anunciado que el Gobierno autonómico utilizará todos los medios políticos, administrativos y jurídicos disponibles para intentar impedir que la distribución afecte a la comunidad.

Fernández, en rueda de prensa en Cáceres, ha afirmado que la posición del Ejecutivo extremeño es "muy clara" y que hará todo lo posible para que "ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor en este caso, a Extremadura". Ha recordado que la anterior distribución, que provocó la ruptura de Vox con el PP en varios gobiernos autonómicos, tenía carácter voluntario, mientras que el nuevo mecanismo es obligatorio.

El vicepresidente ha insistido en que la Junta se opondrá "con todas las armas políticas, jurídicas y judiciales" a su alcance y "hasta las últimas consecuencias", aunque ha puntualizado que actuará "por supuestísimo, siempre dentro de la ley". También ha recordado que el Ejecutivo autonómico presentó la semana pasada cinco recursos contencioso-administrativos.

115 menores y 12 plazas disponibles

Fernández ha reiterado que Extremadura tutela actualmente a 115 menores extranjeros no acompañados y dispone de 12 plazas libres dentro del sistema autonómico de protección. Ha precisado, no obstante, que esos puestos no están reservados específicamente para menores migrantes. "Son para menores, independientemente de si son menas o son nacionales, no hay distinción", ha señalado. La Junta rechaza así las cifras manejadas por el Gobierno central, que situó en 107 el número de menores acogidos y en 364 la capacidad estimada de la red regional.

El vicepresidente ha asegurado que no puede concluirse mediante una simple resta que existan 257 plazas efectivamente disponibles, porque los centros atienden perfiles y necesidades diferentes. También ha advertido de que el sistema está "a punto de colapsar" y ha responsabilizado de esta situación a la presión ejercida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fernández ha descartado además que la Junta vaya a ampliar la red para recibir a los menores incluidos en el reparto. "Extremadura no se plantea de ninguna manera ampliar plazas que vayan a menores no acompañados e intentaremos por todos los medios que eso suceda", ha afirmado.

Nuevo altercado en Caminomorisco

El vicepresidente ha informado además de un nuevo altercado ocurrido durante la madrugada del 31 de julio en el centro de menores de Caminomorisco, donde son atendidos menores migrantes no acompañados. Los servicios de seguridad no pudieron controlar la situación y fue necesaria la intervención de dos patrullas de la Guardia Civil. Una de las dotaciones permaneció durante toda la noche en las instalaciones. Según Fernández, una trabajadora tuvo que recibir asistencia médica por un cuadro de ansiedad y ha presentado una denuncia por amenazas graves de muerte, vejaciones y forcejeos.

El episodio se ha producido después de los incidentes del 23 de julio, cuando se registraron peleas entre usuarios y amenazas al personal. Tras aquel suceso, la Junta elevó de uno a dos el número de vigilantes y ahora ha incorporado un tercero con intención de mantenerlo de manera permanente. Fernández ha solicitado a la Guardia Civil que refuerce la vigilancia en el centro y sus alrededores. "No vamos a mirar hacia otro lado cuando se produce cualquier tipo de incidente", ha advertido, al tiempo que ha defendido como prioridades tanto la protección de los menores como la seguridad de los profesionales.

Críticas contra Quintana

El voicepresidnete extremeño ha respondido asimismo al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha reprochado a la Junta que no asista a las conferencias sectoriales donde se aborda la distribución de menores. Fernández ha defendido que el Gobierno regional no quiere contribuir ni ser partícipe "de esta nefasta política obligatoria que está siguiendo el Gobierno socialista y Pedro Sánchez". También ha afirmado que las declaraciones de Quintana deben recibirse "con pinzas", "con mucho recato y mucha duda".

Fernández ha acusado al delegado de mentir tanto sobre su currículum como sobre las cifras de capacidad del sistema extremeño. Estas manifestaciones están elevando el enfrentamiento abierto entre las dos administraciones por los datos utilizados y por la obligatoriedad del reparto.

Quintana defiende que el reparto está regulado por ley

El delegado del Gobierno ha replicado que los datos de 107 menores tutelados y 364 plazas son estimaciones del Ejecutivo central sobre la capacidad estructural de los centros existentes en España y, en concreto, en Extremadura. Quintana ha recriminado que la Junta no haya asistido a la Conferencia Sectorial y ha destacado que el traslado de los menores viene acompañado de fondos del Gobierno de España. "Esto es una ley" que establece que "las comunidades tienen que ser solidarias entre sí", ha señalado antes de preguntarse si Extremadura "no quiere cumplir la ley" o "no quiere ser solidaria".

El delegado ha defendido que la legislación permite distribuir a los menores entre las comunidades cuando territorios como Ceuta sufren una saturación. "Los menores son sujetos de protección, no de rechazo político", ha afirmado. En este contexto, Quintana ha pedido que no se haga política con los niños ni se les diferencie por "el color de su piel". A su juicio, negarse a acogerlos no constituye "una acción política legítima", sino que supone incumplir el espíritu de la ley y de la protección del menor.

"Una crisis humanitaria"

El delegado ha definido la situación de Ceuta como "una crisis humanitaria y no de seguridad" y ha recordado que se han producido fallecimientos durante los intentos de entrada y que numerosos menores permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad. "¿Alguien es capaz de decir públicamente que no quiere proteger a los menores que están en nuestro país?", ha planteado. Quintana ha considerado que rechazar el reparto es "insolidario", porque concentra toda la presión en los territorios fronterizos, e "irresponsable", al convertir un problema humanitario en un arma política. "Esto no va de seguridad, sino de humanidad", ha concluido.