El Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz por el contexto energético internacional

Ni la Unidad I de la Central Nuclear de Almaraz dejará de estar operativa el 1 de noviembre de 2027; ni la Unidad II se apagará el 31 de octubre de 2028. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la Orden Ministerial por la que se autoriza que los dos reactores de la central nuclear extremeña sigan operativos, al menos, hasta el 8 de junio de 2030. La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone fin a un trámite que oficialmente dio comienzo el 30 de octubre pasado, cuando las tres propietarias de la planta —Iberdrola (52,7% de la propiedad), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%)—acordaron pedir formalmente al departamento que dirige Sara Aagesen esta miniprórroga. El Gobierno disponía ahora de dos meses desde que a mediados de julio el Consejo de Seguridad Nuclear dio su ok técnico a la continuidad.

¿Por qué la decisión del ministerio?

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que renueva la autorización de explotación de las unidades I y II de la planta cacereña aduce entre otras razones que "la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural". En este sentido, según los cálculos incluidos en la resolución, la prórroga contribuiría a reducir temporalmente la dependencia del gas.

La prolongación, se remarca, "contribuye de manera coyuntural a moderar la exposición del sistema eléctrico y los consumidores españoles a unos picos de precios no previstos anteriormente, procedentes de los mercados internacionales de gas natural".

En cuanto a la operación del sistema eléctrico, se añade, el operador del sistema indica que "en ningún caso la extensión solicitada cambia la necesidad de continuar con las actuaciones ya en curso dirigidas a fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro". Asimismo, puntualiza "que la citada aportación se refuerza en el actual contexto de incertidumbre observado en cuanto a las hipótesis de escenarios futuros".

La orden establece además que la ampliación deberá servir para reforzar la implicación de las empresas propietarias en alternativas industriales y de empleo en el entorno de Almaraz y avanzar en el diálogo social para la transición justa.

Efecto dominó en los cierres

De esta forma, no se cumplirá con las dos primeras fechas de cierre contempladas en el calendario que para el desmantelamiento del parque nuclear español, que actualmente está conformado por siete grupos en cinco emplazamientos, pactaron en 2019 las eléctricas con el Gobierno. Esta decisión previsiblemente desencadenará un efecto dominó en el resto de clausuras.

La previsión, que arrancaba hasta ahora con el grupo I de Almaraz y se extiende hasta 2035, está concebida para escalonar los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones atómicas. Estas tareas se prolongan durante numerosos años, por lo que la planificación busca que puedan ser asumidas con los recursos disponibles de Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las nucleares una vez que cesan su actividad.

Revisión del calendario nuclear

Todo apunta a que prolongar hasta 2030 la operación de los dos reactores de Almaraz obligará a revisar también el calendario del resto del parque nuclear. En concreto, habría que retrasar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), actualmente previstos también para 2030, con el fin de evitar que coincidan los trabajos de desmantelamiento y sus distintas fases en cuatro reactores al mismo tiempo. A todo ello se añade que para entonces tampoco habrán concluido los trabajos de desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, que ya están en marcha.

No obstante, en la orden se cita expresamente que la extensión solicitada para Almaraz, que "se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035".

Ese desplazamiento tendría, a su vez, consecuencias sobre Ascó II, cuya clausura está programada para 2032 y que previsiblemente también tendría que aplazarse. Los últimos cierres contemplados en el calendario actual son los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara), ambos previstos para 2035.

El Gobierno disponía de dos meses desde que a mediados de julio el Consejo de Seguridad Nuclear dio su ok técnico a la continuidad.

Más allá de 2030

El 8 de junio de 2030 el grupo I de Almaraz habrá cumplido 46 años y 9 meses de operación comercial; el grupo II, 45 años y 11 meses. ¿Qué pasará después? Desde la central nuclear extremeña se recuerda a menudo que plantas similares a la extremeña tienen autorizaciones para operar 60 o incluso 80 años, caso este último de la 'gemela' North Anna, en Virginia (EE UU), que se usó como modelo para construir la central cacereña.

Iberdrola y Endesa parecen ser las más proclives a seguir prolongando la vida de las nucleares, frente a Naturgy y EDP, con participaciones minoritarias en la flota nuclear española.

Unanimidad entre los socios

Sin embargo, las decisiones estratégicas de las centrales nucleares, incluida la prórroga de sus autorizaciones de explotación, deben adoptarse por unanimidad, con independencia de la participación accionarial de cada socio. Así lo exige el régimen legal de las agrupaciones de interés económico (AIE), la fórmula societaria utilizada para gestionar los reactores nucleares en España. Ir más allá de 2030 exigiría así, además del plácet gubernamental, el acuerdo de todos los socios o un cambio de titularidad de una instalación nuclear. Esto último es algo que debe ser autorizado, pero de lo que existen precedentes.

La cuestión de la fiscalidad

Otra cuestión es la de la fiscalidad. Antes de octubre de 2025, las empresas propietarias habían venido exigiendo repetidamente una bajada de los impuestos que soportan para hacer viable su operación, incluida la denominada tasa Enresa. Esta cuestión quedó aparcada en la solicitud de prórroga tras la negativa frontal por parte del Gobierno a aceptarla. Para entonces, la Junta de Extremadura ya se había comprometido a una rebaja, progresiva hasta el 50%, de la 'ecotasa' que abona Almaraz, algo más de ochenta millones al año. Posteriormente el pacto de gobierno PP-Vox se comprometió a ir reduciendo su carga un 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura.