La prórroga de Almaraz garantiza 12 millones en tributos locales con los 82 de la ‘ecotasa’ en el aire

Además de la generación de empleo y el impulso de la actividad económica, la contribución a los ingresos municipales constituye uno de los principales impactos derivados del funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz. La instalación genera ingresos locales a través de figuras como el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Además, también se reciben asignaciones económicas de Enresa, la empresa encargada de la gestión del combustible nuclear gastado y del futuro desmantelamiento de las plantas atómicas.

Las doce poblaciones cuyo término municipal se encuentra en un radio de 10 kilómetros en torno a la instalación (denominado zona 1) perciben unos 15 millones de euros por estos conceptos. «Estos fondos se traducen principalmente en creación de empleo», recoge el Informe de impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz, publicado hace varios años por la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

El triple

De acuerdo a este estudio, la media de gasto por habitante en creación de empleo entre esta docena de localidades triplica la inversión que promedian en este capítulo los pueblos menores de 2.000 habitantes de la provincia de Cáceres (ninguno de los más próximos a Almaraz supera ese censo).

Hasta el 80%

El grado de dependencia que tienen estos consistorios de los tributos y pagos asociados a la central oscila de manera notoria. El dato más llamativo es el de Saucedilla: casi 8 de cada 10 euros de su presupuesto están relacionados con la central. Es la población que más cobra por IBI, gracias a que una parte importante del embalse de Arrocampo, que sirve para refrigerarla, está dentro de su término.

La proporción de los ingresos municipales vinculados a la nuclear es en Romangordo de aproximadamente dos tercios, mientras que en Almaraz y Serrejón se sitúa alrededor del 60%.

Tributo regional

El pago de estos impuestos concentra, no obstante, una parte muy limitada de la factura tributaria de la planta. Las estimaciones que manejaba la central para 2025 eran las de abonar unos 435 millones de euros en impuestos y tasas, de los que 12 corresponden a los tributos locales. Mucho más peso tiene lo que se aporta a las arcas autonómicas en concepto de Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ‘ecotasa’.

Esta figura genera nueve de cada diez euros percibidos por impuestos propios en la región. Y la mayor parte de ellos proceden de la cuota correspondiente a la instalación cacereña, con unos 82 millones en 2025.

Eliminarla progresivamente

En octubre pasado, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que su Gobierno reduciría gradualmente los tipos de este gravamen entre 2027 y 2029 para «facilitar la continuidad operativa de la planta». Faltaban aún semanas para que sus propietarias pidiesen oficialmente la prórroga.

Posteriormente, el acuerdo de Gobierno que alcanzaron PP y Vox en abril para conformar Gobierno en Extremadura fue un paso más allá, ya que entre sus medidas recoge la «eliminación de la ecotasa energética». Lo que se plantea en este documento es una reducción de su carga del 30% anual «hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura».

La mitad de la recaudación

De la recaudación que se obtenga mientras tanto, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. Como plazo para aplicar la medida, el texto del pacto señala el 1 de enero de 2027. El acuerdo recoge, sin embargo, una precisión para el caso de que el Gobierno rebaje «la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa Enresa»: la de que, llegados a ese punto, «ambas partes se comprometen a revisar la decisión» ante el nuevo escenario.

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