Consejo de Gobierno
Extremadura amplía al Supremo su ofensiva judicial contra el Plan Estatal de Vivienda
La Junta autoriza un recurso contencioso-administrativo tras quedar sin respuesta su requerimiento al Ministerio y mantiene la impugnación ante el Constitucional por invasión de competencias
Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex
Añádenos en GoogleLa Junta de Extremadura amplía al Tribunal Supremo su batalla judicial contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra varios preceptos del real decreto que regula el programa, una vía que se suma al conflicto positivo de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional a finales de julio.
La decisión llega después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no haya respondido formalmente al requerimiento previo remitido por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dentro del plazo legal de un mes. El Ejecutivo extremeño acude al Supremo al entender que el plan introduce regulaciones que exceden las atribuciones del Estado, afectan a las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y urbanismo y limitan su autonomía política y financiera.
El Periódico
"Nulo de pleno derecho"
La Junta sostiene que los preceptos recurridos "infringen el ordenamiento jurídico", están "viciados de incompetencia" y resultan perjudiciales para los intereses de la Administración autonómica. "Estas disposiciones no respetan el reparto de atribuciones establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación aplicable y, en consecuencia, son nulos de pleno derecho", se indica en la reseña del Consejo de Gobierno.
El recurso ante el Supremo se suma al conflicto positivo de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional, cuya interposición fue autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio. Esta vía se activó después de que el Gobierno de España rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia formulado previamente por la Junta, sin aceptar ninguna de las objeciones planteadas por la comunidad autónoma.
La diferencia entre ambas vías reside en su finalidad: ante el Tribunal Constitucional, la Junta pretende que se determine si el Estado ha invadido competencias autonómicas en materia de vivienda y urbanismo, mientras que ante el Supremo solicita la anulación de los preceptos del real decreto que considera contrarios al ordenamiento jurídico. Aunque los argumentos pueden solaparse, el Constitucional debe delimitar qué administración puede regular estas materias y el Supremo examinar la legalidad de las disposiciones impugnadas.
Bloques en la urbanización de El Junquillo, en Cáceres. El Gobierno obliga a mantener de manera permanente la protección de determinadas viviendas durante toda su vida útil. / El Periódico
Invasión de competencias
La Junta justifica su ofensiva judicial contra el Plan Estatal de Vivienda en la defensa de su autonomía financiera y de la capacidad del Gobierno autonómico para decidir las políticas de vivienda que se aplican en la región.
Uno de sus principales argumentos es el esfuerzo económico exigido: el plan consigna 210 millones de euros para Extremadura, pero la Junta tendría que aportar otros 84 millones de recursos propios. Según los cálculos de la consejería, el Gobierno central multiplica por 2,9 su financiación respecto al modelo actual, mientras obliga a Extremadura a multiplicar por siete la suya. Una cofinanciación que considera "absolutamente desproporcionada" y que, asegura, condiciona la capacidad para diseñar políticas públicas de vivienda propias.
Zonas tensionadas
A este choque se suma la denuncia de un reparto económico "claramente desequilibrado". La Junta sostiene que los criterios del plan benefician a los territorios que han declarado zonas tensionadas y cita como ejemplos a Cataluña y el País Vasco. En su opinión, este modelo quiebra los principios de justicia e igualdad territorial y sitúa a Extremadura en desventaja frente a comunidades con una realidad residencial diferente.
El Gobierno regional también cuestiona las condiciones impuestas para gestionar las actuaciones financiadas. Según ha explicado, estas necesitarían la autorización previa del Ministerio tanto para ejecutarse como para difundirse públicamente. La Junta considera que esta exigencia limita su autonomía política, al supeditar a la aprobación estatal el uso de unos fondos que también requieren una importante aportación económica de la comunidad.
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