Extremadura rechaza el plan del Gobierno sobre los centros de datos: "No escuchan a las comunidades autónomas"

La consejera extremeña de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha criticado este jueves el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para regular los requisitos que deberán cumplir los centros de datos y ha advertido de que la Junta presentará alegaciones cuando el proyecto de real decreto salga a exposición pública. La responsable autonómica ha cuestionado, sobre todo, que vayan a ser tres ministerios del Gobierno los que determinen la madurez de los proyectos y decidan cuáles pueden acceder al suministro eléctrico sin participación de las comunidades autónomas.

La norma que prepara el Ejecutivo plantea imponer exigencias más estrictas en consumo de electricidad y de agua de estas infraestructuras. También en materia de seguridad digital de los datos que manejan las instalaciones, con el objetivo de hacer una criba masiva entre los proyectos.

"Infraestructura estratégica fundamental"

Morán ha defendido que los centros de datos constituyen actualmente una "infraestructura estratégica fundamental", no solo para la industrialización, sino también para la modernización de las empresas y de las administraciones. Por ello, considera que el planteamiento del Ejecutivo central "es contrario a los intereses de Extremadura y de España" y "va en la dirección opuesta al camino industrial, empresarial y económico que está demandando la sociedad actual".

"No dejan ningún margen de decisión a los territorios, no escuchan las demandas ni las necesidades de las comunidades autónomas", ha lamentado Morán, quien teme que este modelo pueda desembocar en "decisiones arbitrarias y discrecionales". En este sentido, ha incidido, la Junta considera que el principal problema no es que se establezca una regulación específica para estas instalaciones, sino que se haya diseñado sin dialogar previamente con las autonomías.

"No nos oponemos a que se regulen, pero es que no se nos ha consultado absolutamente nada", ha insistido. Para la consejera, una ordenación de este sector debe contar con los territorios porque son las comunidades autónomas las que conocen los proyectos que se están desarrollando en ellas y su grado de tramitación. "Para regularse tendrá que contar con los territorios, tendrá que contar con las comunidades autónomas, tendrá que contar con Extremadura, no hacerlo por las bravas", ha recalcado.

La Junta reivindica la madurez de los proyectos extremeños

Morán ha recordado que Extremadura cuenta con varios proyectos relevantes de centros de datos, algunos de ellos con un grado de desarrollo muy avanzado. En este sentido, ha citado especialmente el de Río Caya, en Badajoz, y el que promueve Merlin Properties en Navalmoral de la Mata.

Sobre Río Caya, ha asegurado que la Junta continúa impulsando su desarrollo y que el proyecto está "absolutamente maduro". Según ha detallado, recientemente se ha firmado la autorización favorable para la línea eléctrica de 220 kV que necesita, cuenta ya con autorización ambiental y quedaría pendiente la línea de 400 kV, cuya tramitación corresponde al Gobierno central.

En cuanto al de Merlin, ha explicado que la primera actuación prevista en Navalmoral de la Mata está próxima a obtener la autorización ambiental favorable y que no presenta, según la Junta, "ningún impedimento grave". Esta iniciativa recibió alegaciones solo por parte de dos organizaciones conservacionistas. "Entendemos que es un proyecto sólido y maduro", ha esgrimido.

La consejera ha destacado además que Merlin, que comienza ahora con una potencia de 20 megavatios en su proyecto moralo, tiene intención de desarrollar a más largo plazo un parque de centros de datos de hasta 1 GW y otro de una potencia similar en Valdeca­balleros (Badajoz).

Río Caya, por su parte, tendría inicialmente una potencia de alrededor de 150 MW con posibilidad de alcanzar los 500 MW en fases posteriores. A ellos se suma el proyecto de CC Green en Cáceres, que, según Morán, si bien se encuentra todavía en una fase más inicial, podría acelerarse ahora después de haberse desbloqueado la situación del polígono industrial de Cáceres.

"Tenemos un potencial en ese aspecto por desarrollar y necesitamos que no se nos limiten", ha afirmado la consejera. Igualmente, ha apuntado que la percepción de la Junta en sus reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y Red Eléctrica es que "los centros de datos para ellos no son una prioridad". Por contra, "para Extremadura sí. Para Extremadura cualquier proceso que favorezca la industrialización, el empleo y el desarrollo es bienvenido", ha apostillado.

Energía renovable y planificación eléctrica

Morán también ha defendido la posición "privilegiada" de Extremadura para atraer este tipo de inversiones por su disponibilidad de suelo y su elevada producción de energías renovables, para agregar a continuación que los centros de datos pueden permitir transformar esa ventaja energética "en inversión, industria, innovación y, por supuesto, empleo".

La regulación planteada contempla, ha detallado, que el 80% del consumo eléctrico de cada hora de estos centros proceda de energía renovable, una exigencia que se mantendría hasta que el mix energético nacional alcance un 90% de renovables.

Morán ha reconocido que los principales proyectos extremeños podrían cumplir este criterio pero ha hecho hincapié en que el problema de fondo se encuentra en la falta de una planificación eléctrica adaptada a la rápida evolución del sector. "La tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido que la regulación" y la planificación existente "no contemplaba estas necesidades de los centros de datos", ha sostenido.

"Esto no se hace desordenadamente"

Frente a las dudas sobre el impacto que el crecimiento de los centros de datos pueda tener en recursos como el agua o en la propia red eléctrica, Morán ha subrayado que los proyectos están sujetos a procedimientos ambientales y a informes de los organismos competentes. Para su autorización, ha recordado, se consulta a "todos los estamentos, a todas las administraciones y a todos los organismos implicados", incluidas las confederaciones hidrográficas. "Esto no se hace desordenadamente", ha defendido.

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