El año que tendió puentes: un inicio internacional

Extremadura quiere borrar La Raya desde hace décadas: acortar distancias con Portugal, poner a tiro de piedra sus costas, servir de paso logístico entre España y el país luso, cambiar la periferia para situarse en el centro de unas comunicaciones con mucho potencial. Ahí está el puerto de Sines con un desarrollo en el que Extremadura tiene mil ojos puestos. La provincia de Cáceres viene arrastrando una frontera aún más opaca que Badajoz. Por eso, 2024 comenzó con la mejor de las noticias: la garantía de la ministra de Cohesión Territorial portuguesa de construir la autovía Castelo Branco-Monfortinho y el puente sobre el río Sever.

Durante el año han avanzando notablemente ambos proyectos. La Junta de Extremadura, alentada por la disposición portuguesa, ya proyecta el tramo que falta de la autovía EX-A1 de Moraleja a Monfortinho, y para ello utilizará un nuevo modelo de colaboración público-privada. El proyecto técnico estará en el primer trimestre de 2025, incluidos 2,5 kilómetros adicionales a los 18,5 ya previstos, y un puente internacional sobre el río Erjas. Será el segundo gran enlace Madrid-Lisboa (además de Badajoz), crucial para el desarrollo de este tramo de la Raya.

La Junta puso cifras concretas a la deuda histórica del Estado con la región: 10.553 millones de euros

También avanza el puente sobre el río Sever, que acercará Cáceres a la costa lusa, una obra de justicia para esta zona olvidada donde los vecinos aún cruzan el Tajo en barca, y donde pueblos apenas distanciados 20 kilómetros a ambos lado de la Raya deben dar un rodeo de 150. Tendrá un coste de 12 millones. Ya han comenzado las expropiaciones porque el propósito es ultimarlo a finales de 2025.

Pero enero no fue tan benigno para otras cuestiones. Cáceres abría el año luchando por revitalizar el Marco, que empieza a sonar a utopía, y Extremadura llegaba a su récord de funcionarios, casi 60.000, a la espera del avance del tren y de los proyectos industriales comprometidos. Precisamente, la deuda histórica del Estado con la región fue fijada en enero por la Junta en 10.553 millones.