Respeto y diálogo para el futuro gobierno de Extremadura

José María Cuevas fue una de las figuras clave de la Transición española por una razón esencial: entendió que el progreso no nace del enfrentamiento, sino del acuerdo. Su legado no fue solo empresarial, sino cívico. Dejó como herencia el respeto al diálogo social, a la negociación leal y a la búsqueda de consensos incluso en escenarios complejos. Ese mismo espíritu es el que han reclamado estos días los empresarios extremeños y los agentes sociales al futuro Gobierno de Extremadura. No es una petición retórica. Es una exigencia de responsabilidad.

Las urnas han hablado con claridad. El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas y ha roto un ciclo histórico en Extremadura, pero no ha alcanzado la mayoría absoluta que habría despejado cualquier ecuación. El PSOE, por su parte, ha salido de los comicios profundamente debilitado, inmerso en una gestora y con un debate interno abierto sobre su papel en la nueva legislatura. En medio, Vox ha doblado su representación y se ha convertido en un actor imprescindible en la aritmética parlamentaria.

Escenario real

Este es el escenario real, no el deseado por unos u otros. Y desde ese principio de realidad es desde donde debe construirse el futuro político de la comunidad. La presidenta en funciones, María Guardiola, ha sido la primera en descolgar el teléfono para felicitar al candidato de Vox, Óscar Fernández, por sus resultados. Un gesto que ha marcado un camino: el del reconocimiento mutuo y la disposición al diálogo. Porque si algo ha quedado claro es que, a diferencia de 2023, Guardiola puede ser investida en segunda vuelta con mayoría simple, pero gobernar exigirá acuerdos estables y entendimientos sinceros.

Al mismo tiempo, en el PSOE se han alzado voces airadas contra la propuesta, defendida por veteranos barones como Juan Carlos Ibarra, de facilitar la gobernabilidad mediante la abstención. El debate es legítimo, pero no puede obviar una realidad incuestionable: los extremeños ya han decidido. Y son los representantes elegidos, conocedores del territorio y de sus problemas, quienes están capacitados para poner en marcha una legislatura obligada a mirar al futuro de la región, más allá del rédito partidista inmediato.

Ni reproches ni batallas

Extremadura no necesita reproches, ni batallas ideológicas importadas, ni promesas imposibles que desbordan las competencias autonómicas o cuestionan derechos fundamentales plenamente asentados en el Estado de derecho. Necesita políticos capaces de mirarse a los ojos y hallar espacios de encuentro. Necesita acuerdos basados en proyectos realistas, duraderos y útiles, que trasciendan los años que dure una legislatura y sienten bases sólidas para el desarrollo económico, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en esta región.

A los diputados electos cabe reclamarles sensatez. Aparcar el orgullo, asumir el deber de servicio público que les corresponde y entender que gobernar no es imponer, sino convencer y sumar. Y a los órganos nacionales de los partidos, si de verdad les importan las gentes de esta comunidad, les corresponde dar un paso atrás y dejar de aplicar tácticas partidistas que solo alimentan la desafección, contra la que advirtió el rey Felipe VI en su discurso de Nochebuena.

No es casual que, según la encuesta de Gesop para El Periódico Extremadura publicada en la última semana de campaña electoral, los políticos sean percibidos como el segundo gran problema de la región, solo por detrás del empleo. Esa percepción no se combate con discursos grandilocuentes, sino con hechos: acuerdos, estabilidad y capacidad de gestión.

Extremadura ha demostrado a lo largo de su historia que sabe resistir y avanzar cuando hay altura de miras. Ahora, más que nunca, esa responsabilidad recae sobre quienes han recibido el mandato de gobernar. El bien común no admite demora. El diálogo tampoco.