Han sido tres años, 12 exámenes y 78.000 millones de euros prestados que Portugal deberá devolver en una década con intereses incluidos (en total unos 110.000 millones de euros). Cada seis meses regresarán a Lisboa representantes del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que el 17 de mayo del 2011 auxiliaron a un Estado al borde de la quiebra. La troika deja hoy un rastro de dolorosas ampollas. Alrededor de 30.000 millones en recortes, una reducción del déficit público a marchas forzadas y, sobre todo, una imprevista escalada del paro.
El horizonte se divisa sin los nubarrones de aquel día pero tampoco el cielo está despejado. «Portugal está en una situación de cierta vulnerabilidad», afirma el exministro de Finanzas del primer Gobierno del socialista José Sócrates, Luis Campos e Cunha. Su paso por la política fue breve pero significativo para describir los preámbulos de la crisis portuguesa. Era el 2005 y en España su homólogo era Pedro Solbes, recuerda.
Desacuerdos políticos sobre la contención en el gasto en infraestructuras que Campos defendía le llevaron a dimitir. Mientras al otro lado de la frontera engordaba la burbuja inmobiliaria, Portugal se estancaba en una década de no crecimiento en la que las inversiones públicas apenas se frenaron y los diferentes gobiernos asumieron contratos y préstamos con grandes riesgos para el Estado. La crisis financiera internacional del 2008 aceleró un proceso que tenía que llegar. La enorme deuda pública aspiró en meses la liquidez de las arcas del Estado. «Portugal solo tiene dinero hasta mayo», advirtió el 12 de abril de 2011 el entonces ministro de Finanzas del Gobierno socialista, Fernado Teixeira dos Santos. La frase, filtrada a la prensa, fue la primera petición pública de auxilio.
PAGAR LAS CUENTAS
La vulnerabilidad financiera persiste a partir de este sábado. Portugal depende de sí mismo para pagar sus cuentas tras descartar un apoyo extra. «Es la elección correcta», afirmó el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho. La inminencia de unas elecciones europeas y la falta de voluntad de las instituciones comunitarias para torcer el brazo a los Gobiernos de la UE más reacios cerraron la puerta a un programa de cautela. La ayuda queda, dicen, en la reserva.
Los deberes de casa están hechos, defiende el Gobierno. Además de reformas y ajustes, el Tesoro luso ha ido superando con tasas de interés moderadas subastas de deuda ayudado por la calma de los mercados internacionales. Con esta estrategia, se ha asegurado una almohada financiera de 15.000 millones de euros. Para Campos e Cunha, se trata de un programa cautelar hecho por portugueses. «Creo que muestra, una vez más, la falta de funcionamiento de las instituciones europeas», sostiene.
A pesar de esa garantía, los riesgos son apreciados por todos. En la evaluación final de la troika, la Comisión y el FMI advirtieron de ellos, así como de la persistencia de problemas estructurales en la economía, y aconsejaron evitar una actitud «complaciente». Después de tres años en recesión, el PIB luso debe crecer el 1,2 % este año, según las últimas previsiones oficiales -en las iniciales de 2011 se preveía el 2,5 %-- y el paro que se sitúa en el aún histórico 15 % debe seguir a la baja. Sin la robustez de la economía garantizada, acreedores, agencias de calificación y el Gobierno miran ahora en la misma dirección: las próximas decisiones del Tribunal Constitucional.
Tal vez los13 jueces de la máxima autoridad judicial del país sean los que más han exasperaron al perseverante Passos Coelho. «¿Alguien preguntó a los 900.000 desempleados de qué les valió la Constitución hasta hoy?», espetó en septiembre pasado tras el enésimo veto a sus ajustes. En breve, los magistrados emitirán la sentencia sobre la constitucionalidad de los últimos presupuestos del Estado y están en cuestión 1.500 millones de euros de medidas de austeridad planeadas a partir del recorte del salario de funcionarios públicos y el aumento de un impuesto extraordinario a las pensiones de más de 1.000 euros, entre otras.
CONTRA LAS CUERDAS
El derrape en las cuentas sería aún mayor que el de abril del 2013 cuando el Constitucional puso contra las cuerdas al Gobierno al ilegalizar cuatro leyes que dejaban al descubierto un agujero de 1.150 millones de euros en las cuentas públicas. Passos Coelho respondió que haría «todo lo posible» para evitar un segundo rescate. La decisión del alto tribunal había motivado el suspenso del séptimo examen de la troika al programa del rescate, y los fondos de los que Portugal dependía se congelaron.
El primer ministro presentó un nuevo paquete de recortes (educación, seguridad social, sanidad…). Esta vez, en preparación ante un eventual revés judicial, el jefe del Ejecutivo ha advertido en el Parlamento cuál será la respuesta. Un nuevo aumento de impuestos.
