La dimisión forzosa la semana pasada de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirstjen Nielsen es solo la punta del iceberg. Donald Trump se ha embarcado en una auténtica purga en el departamento creado tras los atentados del 11-S del 2001 en el que quedaron desde ese momento albergadas dos docenas de agencias y divisiones, incluyendo las que se encargan de inmigración.

El objetivo es ir en «una dirección más dura» en materia migratoria según explicó el propio Trump al retirar abruptamente la nominación de su elegido para dirigir una de esas agencias. El factor electoralista tampoco lo oculta y esta misma semana, en un encuentro con donantes republicanos en Tejas, reconocía que cree que «la frontera va a ser un tema increíble» en la campaña para las presidenciales del 2020.

Las promesas incumplidas de construir un muro en toda la frontera con México y su xenófobo discurso como candidato fueron clave para que Trump llegara a la Casa Blanca. Una vez allí ha mantenido los dos elementos acompañándolos de políticas draconianas, como la separación de menores inmigrantes de sus padres o un proyecto para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México la tramitación de sus solicitudes, a las que ha tenido que dar marcha atrás forzado por los tribunales.

la situación empeora / Sus esfuerzos, hasta ahora, no han dado resultados y no solo no se ha frenado la llegada de inmigrantes sino que la situación se agrava. Solo en marzo fueron detenidas en la frontera más de 100.000 personas, una cifra aún lejos de récords históricos pero que representa también la más alta en más de una década. Con una nueva composición del flujo migratorio, ahora dominado por la llegada de familias con niños desde Guatemala, Honduras y El Salvador (países a los que amenaza con retirar ayuda económica), el sistema está sobrepasado. El atasco en los tribunales es monumental.

Trump está frustrado con los límites que le impone la ley y proyecta su ira en los responsables de los departamentos y agencias que, pese a compartir y promover su apuesta por frenar la inmigración, se encargan también en privado de recordarle esos límites legales. Y apoyado en Stephen Miller, su más radical asesor en la Casa Blanca, Trump está deshaciéndose de personal que heredó de su primer secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

Nielsen era una protegida del general que luego fue jefe de gabinete, igual que el general Randolph Alles, que en mayo dejará de estar al frente del Servicio Secreto. También son herencia de la influencia de Kelly el principal abogado del Departamento, John Mitnick, y Francis Cissna, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración que se encarga de la inmigración legal y que ha promovido medidas para restringirla. Los dos altos cargos se perfilan como los próximos expulsados de Trump en esta purga, en la que el presidente retiró a Ron Vitiello como nominado para dirigir ICE, la agencia que se encarga de detenciones y deportaciones, eligiendo para sustituir como nominado a Matthew Albence, que el pasado verano llegó a decir que las instalaciones donde se retiene a los inmigrantes son «como un campamento de verano».

Dos malas opciones / Trump y Miller necesitan aliados para dar alas a una agenda de migración más radical, pero es dudoso que pueda implementarla el hombre elegido para relevar (por ahora con carácter interino) a Nielsen, Kevin McAleenan. Y es que entre los proyectos que barajan están el cierre de la frontera con el que Trump ya ha amenazado en varias ocasiones o endurecer la entrevista inicial a los solicitantes de asilo para evitar que se estudien todos los casos, lo que ahora permite a los inmigrantes esperar la resolución en el país.

Aunque la Casa Blanca lo niega, se estudia también una resurrección de la política de separación de familias que afectó el año pasado a casi 3.000 menores cuyas reunificaciones aún no se han completado (según la propia Administración puede llevar hasta dos años identificar a todos los afectados). El plan sería ofrecer a los padres una «opción binaria»: o quedar detenidos indefinidamente juntos como familia (para lo que tendría que modificarse el «acuerdo Flores» que limita a 20 días la detención) o acceder a la separación. Las dos opciones tienen retos legales.

Trump no solo necesita un respaldo que los tribunales le niegan sino la colaboración del Congreso. Los demócratas, que tienen el control de la Cámara baja, no tienen ningún incentivo para trabajar con un presidente que, como se desvelaba el jueves, incluso se planteó trasladar a inmigrantes a «ciudades santuario» para castigarles electoralmente.