El presidente Sebastián Piñera declaró la «guerra contra un enemigo poderoso» que, dijo, se ha camuflado en las calles como ciudadanos indignados. A pesar de la utilización de un lenguaje bélico que no tiene precedentes en 30 años de vida institucional, los chilenos volvieron a desafiar multitudinariamente el estado de emergencia y un toque de queda que, además de Santiago, Coquimbo y La Serena, se ha extendido a las ciudades de Rancagua, Iquique, Valparaíso y Concepción.

El estallido social que se encendió con el rechazo a la subida del billete del metro se ha transformado en un cuestionamiento global de lo que se conoce como el «modelo chileno». La fórmula basada en sostenidas tasas de crecimiento y una desigualdad inalterable ha explotado ante la mirada perpleja de la dirigencia política. La protesta ha dejado hasta el momento 11 muertos y cinco personas en una situación de «alto riesgo vital», unos 40 heridos y 2151 detenidos, destrozos en el sistema de transporte, quema de edificios públicos y decenas de saqueos. La represión no ha callado los cacerolazos ni las concentraciones en la capital y otras ciudades patrulladas por los militares con los carros lanza agua y gases. El peso chileno se devaluó ayer. La Bolsa cayó un 5%. El metro funcionaba ayer con problemas. Muchos comercios cerraron por temor a situaciones de rapiña. Muchas empresas recomendaron a sus empleados no movilizarse para ir a trabajar. Para el miércoles ha sido convocada una huelga general.

Piñera hizo un llamamiento al combate desde la guarnición militar de Santiago. Para el portal El Mostrador «la herramienta del miedo» no ha resultado eficaz. El jefe de la Defensa Nacional en Santiago, general de División Javier Iturriaga, se desmarcó inmediatamente de semejante iracundia: «La verdad es que no estoy en guerra con nadie». Sus palabras fueron saludadas por el comunista Guillermo Teillier. «El único que le había declarado la guerra al pueblo de Chile, fue (Augusto) Pinochet, el segundo Piñera. Es de elogiar que general Iturriaga diga lo contrario».

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se vio en problemas para explicar el lenguaje presidencial mientras reclamaba consenso. «Hay violencia y vandalismo. No podemos tener la ingenuidad de que no hay una acción organizada». La impopularidad del presidente llegaba al 58% antes del jueves negro. En un lunes todavía más oscuro se convirtió en el blanco de críticas generalizadas.

La expresidenta Michelle Bachelet, dijo sentirse «muy preocupada y triste» por «la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados». Bachelet pidió al Gobierno «que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones». La actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, consideró «esencial» que se realice una «investigación independiente» de los actos letales. «El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación», señaló en referencia al mandatario. El grado de alarma es tal que Andrónico Luksic, dueño de uno de los conglomerados industriales y financieros más importantes de Chile pidió a «la clase política» resolver el tema de las pensiones, la educación, la salud y el transporte público para evitar lo peor. «Es ahora cuando debemos actuar. Hoy. No mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar. Y los que podemos tendremos que pagar la cuenta. En esto no hay magia».