La Fiscalía sueca anunció ayer el cierre de la investigación preliminar por violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación. WikiLeaks expresó su satisfacción por la decisión y pidió centrar ahora todos los esfuerzos en la actual «amenaza» contra el activista, en referencia al proceso de extradición a EEUU, que le imputa 17 cargos de espionaje.

Assange, de 48 años y nacido en Australia, ha negado varias veces la acusación de violación, formulada en el 2010 por una mujer que acudió ese año a una conferencia de WikiLeaks en la capital escandinava, y por la que la justicia sueca reabrió el caso en mayo de este año.

«La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación», dijo en rueda de prensa la fiscal superior Eva-Marie Persson. Continuar la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio «decisivo» en la situación probatoria, que no es suficiente para elevar una acusación, añadió la fiscal.

Persson había ordenado el pasado mayo reabrir el caso, iniciado en el 2010 y cerrado en el 2017, después de que Assange fuera arrestado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres tras retirarle Quito el asilo diplomático concedido en el 2012. La justicia sueca rechazó en junio la petición de emitir una orden de arresto europea al considerarla desproporcionada. La Fiscalía continuó, sin embargo, con sus pesquisas e interrogó a siete testigos, informó Persson en una comparecencia anterior.

El proceso en Suecia contra Assange ha estado siempre rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.

Assange fue condenado en mayo por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por no respetar las condiciones de la libertad condicional en el 2012 y afronta en febrero el juicio de extradición a Estados Unidos, en el que se arriesga a una pena de hasta 175 años de cárcel por publicar documentos clasificados.

La corte federal del estado de Virginia le acusa de varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en el 2010. Assange, habría usado la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado casi siete años, como un centro de operaciones para interferir en la elección de 2016 en Estados Unidos, en la que se impuso el actual presidente Donald Trump. Allí, se reunió con piratas informáticos y ciudadanos rusos, al tiempo que reveló documentos robados.