Los ciudadanos europeos no tendrán trato preferente alguno para trabajar en el Reino Unido, según las nuevas normas de inmigración que entrarán en vigor tras el brexit. A partir del próximo 1 de enero, concluido el periodo transitorio y la libertad de circulación para los miembros de la Unión Europea, quienes soliciten un visado de trabajo deberán acreditar cualificaciones laborales, un alto nivel de inglés y un contrato de 30.750 euros anuales antes de llegar al país. En sectores especialmente necesitados de mano de obra, y de manera excepcional, se permitirá que esa cantidad se reduzca a 24.600 euros.
La frontera se cierra para los que lleguen a buscar empleo. Empresarios y sindicatos advierten de las «desastrosas consecuencias» de estas medidas para sectores como la agricultura, los servicios sociales, la hostelería, o la sanidad, sostenidos en gran proporción por los inmigrantes de la Unión Europea.
El nuevo sistema atribuirá una serie de puntos a los solicitantes extranjeros, teniendo en cuanta determinadas cualidades específicas para el puesto que desean cubrir, además de una oferta laboral previa y probar el «nivel requerido» de inglés. Para obtener el permiso es necesario alcanzar un total de 70 puntos, algo imposible para los trabajadores no cualificados.
PROMESA CUMPLIDA / Quedan fuera la mayor parte de los trabajadores autónomos y los que llegaban buscando un puesto como camareros, en la limpieza, la construcción, el cuidado de ancianos, o la recogida de fruta y verdura. «Queremos los mejores y los más brillantes», afirmó la ministra de Interior, Priti Patel, hija de padres de ascendencia india, que en los años 60 llegaron a Inglaterra, procedentes de Uganda, para abrir una tienda y poder vivir. Patel niega que el plan actual hubiera dejado fuera a sus propios padres.
La reforma de las normas de inmigración es la más dura y radical en casi medio siglo. Boris Johnson cumple así la promesa hecha a los votantes del brexit en el referéndum del 2016, deseosos de reducir el número de trabajadores llegados de la UE y los niveles de inmigración en general. «La cuestión es que, por primera vez en 40 años, el Gobierno británico puede dictar su política de inmigración», declaró Patel, una de las más férreas defensoras del brexit duro.
PUESTOS VACANTES / «Este es un sistema único global, que no discrimina en virtud del país de origen. Lo que cuenta son las cualificaciones que puedas aportar al Reino Unido». La ministra advirtió que las empresas deberán formar a más trabajadores británicos para cubrir las vacantes con los 8 millones de ciudadanos, entre los 16 y los 64 años, «económicamente inactivos».
Está sin embargo por ver que los británicos vayan a llenar las vacantes dejadas por una población de trabajadores flotantes europeos. La dirección de una de las cadenas de bocadillos más populares, Pret A Manger, ya advirtió hace dos años que solo uno de cada cincuenta solicitantes de empleo en su compañía era británico. La patronal ve venir una grave crisis a consecuencia de estas restricciones. «En muchos sectores habrá compañías que no sabrán cómo reclutar personal», señaló Carolin Fairbairn, directora de la Confederación de la Industria Británica (CBI), quien recordó que en el país existe «un nivel de paro muy bajo».
La portavoz laborista para asuntos de empleo, Diane Abbot, condenó que el Gobierno «no parece haber pensado en los efectos de su política en la economía en su conjunto». Tim Roache, secretario general del sindicato GMB, consideró que el nuevo sistema «empuja a ciertos negocios al borde del precipicio» y «no proporciona estrategia alguna para asegurar y mantener industrias clave» además de tomar «a los inmigrantes como chivos expiatorios».
