Los Veintisiete han aprobado este jueves prorrogar un año más las sanciones impuestas contra miembros y partidarios del régimen de Bashar al Assad en Siria, así como empresas y entidades vinculadas a la represión o que se benefician del régimen.

Las restricciones vencían el próximo 1 de junio y se mantendrán al menos otro año más, a la vista de la continua represión de la población civil en Siria, que cumple una década sumida en un conflicto civil.

El régimen sancionador aplicado desde 2011 mantiene el mismo esquema y afecta a 283 personas y 70 entidades y empresas, incluidos el presidente sirio, sus familiares, la cúpula militar y del Gobierno, cuyos activos en Europa permanecen congelados y tienen vetada la entrada a la UE.

La renovación coincide con las elecciones presidenciales en Siria, a las que Al Assad aspira a un nuevo mandato sin casi rivales. La UE ha rechazado los comicios asegurando que "no cumplen" con los criterios democráticos y "no contribuyen a solucionar el conflicto".

En su actualización, los Estados miembros han retirado de la lista a cinco personas que fallecieron el último año. En la capital comunitaria defienden la efectividad de las sanciones, asegurando que refleja que para la UE la situación actual en Siria no es aceptable y estigmatiza la conducta del régimen de Al Assad.

En todo caso, la colaboración y la ayuda humanitaria queda exenta de las restricciones europeas, algo que, en el contexto del coronavirus, ha venido recalcando la diplomacia comunitaria que constantemente subraya la necesidad de asistir a colectivos como los refugiados sirios. Las sanciones no afectan la entrega de alimentos, medicamentos y equipos médicos.