La vida de Josephine Hamilton dio un vuelco en 2008 cuando fue acusada de haber robado 36.000 libras (43.000 euros) de la sucursal de correos que gestionaba en el condado inglés de Hampshire. No había sustraído el dinero, pero las cuentas no cuadraban y amenazaron con mandarla a la cárcel. Ese miedo la llevó a declararse culpable e hipotecar su casa para pagar un dinero que no se había embolsado. Muchos años más tarde, la justicia reconocería su inocencia. "Tenía 45 años cuando todo esto comenzó. Me ha llevado un tercio de mi vida. Piensas que nunca va a terminar", dice la que hoy ya es abuela.

Josephine es una de los más de 700 administradores de la Post Office, el servicio postal británico, propiedad del Estado, condenados injustamente por fraude. El mayor escándalo en la historia judicial del Reino Unido está siendo objeto de una investigación pública dando voz por primera vez a las víctimas de un error informático que las autoridades prefirieron ignorar.

Los destrozos humanos y financieros fueron enormes. Hubo cuatro suicidios, algunos acabaron entre rejas por un delito que no habían cometido, otros se arruinaron, perdieron la casa, el trabajo, las familias se quebraron, divorcios, problemas psicológicos, la carga de los antecedentes penales y la vergüenza de personas honradas de vistas como deshonestas.

"Me convertí en una reclusa, no salía a la calle. Sigo sin ser la misma persona. No me fio de nadie. Es difícil", cuenta Lorraine Williams, sentenciada a ir a la cárcel en 2012. La condena quedó en suspenso, pero sólo nueve años más tarde se reconoció su inocencia. 

Fallos informáticos

Los problemas se incubaron con el cambio de la contabilidad tradicional en 1999 por el sistema informático Horizon diseñado por la japonesa Fujitsu para la red de sucursales del Post Office por todo el país. Muchas de estas oficinas son pequeñas franquicias en localidades donde hacen múltiples funciones y forman parte del tejido social de la comunidad. Algunos de los gestores empezaron a ver fallos constantes en la contabilidad del sistema y avisaron de lo que ocurría. Durante años los máximos responsables del servicio de Correos no se dieron por aludidos. El sistema había costado decenas de millones y "no podía cometer errores". En lugar de investigar y admitir el posible fiasco empezaron a mandar cartas acusando a los trabajadores de robo, fraude y falsa contabilidad. Luego llegaron las demandas judiciales. Los jueces prefirieron creer en la infalibilidad del sistema informático.

Baljit Sethi, de 69 años, pide responsabilidades "al más alto nivel" de la empresa gubernamental. Sethi fue el primer testigo en la investigación pública y contó cómo él y su mujer, Anjana, de 67 años, lo perdieron todo, después de que le reclamaran 20.000 euros. "La gente que hizo esto debe ser investigada". Llegó a pensar en quitarse la vida, admite. "El Post Office tiene sangre en sus manos", afirma Hamilton.

En 2019 un grupo de 555 víctimas llevó el caso a los tribunales y ganaron. Desde entonces ha habido otras sentencias favorables. El Gobierno ha abierto un fondo de miles de millones de dinero público para compensar a todos los que fueron condenados. Las víctimas también quieren ver que los responsables paguen por lo ocurrido. "Quiero que vayan a la cárcel", afirma Williams. "Alguien tiene que pagar por algo así".