Dos centrales obreras, partidos de izquierda y movimientos sociales volvieron este miércoles a ocupar el centro de la ciudad de Buenos Aires por las mismas razones de los últimos meses y años: el dinero no alcanza y lo único que avanza es la pobreza, que ya golpea a un 40% de los argentinos. La multitud evitó esta vez dirigir especialmente su bronca hacia el débil presidente, Alberto Fernández. Como buena parte de la dirigencia sindical es peronista, más que apuntar contra un Gobierno que considera propio, denunció "la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar sus márgenes de ganancia". Argentina puede cerrar 2022 con una inflación superior al 100%. "Alberto, hay que hacer algo, no podemos más", reclamó el dirigente de los camioneros, Pablo Moyano. Un nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, trata de encauzar la situación en franca adversidad porque el Banco Central tiene sus reservas de dólares cerca del rojo y las medidas de ajuste que prepara para mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden ser una nueva fuente de irritación social.

En ese contexto, los responsables de la movilización leyeron un documento en el que se advierte que la "especulación financiera busca una devaluación que sólo favorece a los grupos económicos concentrados" y "pulveriza el poder adquisitivo de los trabajadores". A su vez se reclamó a autoridades y empresarios "un nuevo contrato social sobre los pilares del desarrollo, la producción y el trabajo". Sin alcanzar estas metas "será imposible un modelo inclusivo". Fernández intenta que sindicatos y empresarios se sienten a negociar un acuerdo salarial que permita recomponer parte de la capacidad de compra erosionada.

El presidente vive sus horas más difíciles desde que la coalición peronista Frente de Todos asumió en diciembre de 2019 con la promesa de curar las heridas que había dejado la administración de derechas. La pandemia agravó las condiciones de vida. Aunque se espera que la economía crezca este año cuatro puntos, la constante subida del precio del dólar y sus efectos inflacionarios no hace más que acentuar la desigualdad. Muchos argentinos han obtenido trabajo, pero son igual pobres. El Observatorio Social de la Universidad Católica calcula que 2.800 personas pasan a diario a formar parte de esa franja más vulnerable.

Deterioro y conflicto

Desde 2017, el salario de los argentinos se ha deteriorado un 23%. Para los trabajadores informales el retroceso es de un 35%. Las pensiones perdieron desde 2015 hasta el 36% de su poder adquisitivo. Los programas sociales alcanzan para comprar un 40% que hace cinco años.

Según el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina es un país 14 veces más conflictivo que el promedio mundial. Entre 2010 y 2020 se llevaron a cabo 200 huelgas o protestas cada 100.000 habitantes. En la administración pública tuvieron lugar durante la última década 3.600 ceses de actividades, mientras que en las áreas de salud y educación fueron de 1.900 y 1.300, respectivamente.

Fantasma del estallido

A diferencia de lo que ha ocurrido en Colombia, Ecuador y Chile, donde, a partir de 2019 se sucedieron estallidos sociales, las centrales obreras y los movimientos sociales han funcionado hasta el momento como fuente de contención de la furia de los más necesitados. Sin embargo, Juan Grabois, dirigente de los trabajadores de la economía popular ha asegurado que esos diques cada vez son más frágiles y que el país no está lejos de un escenario similar al que experimentaron otros países de la región. "Mira a lo que llegamos, Alberto, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo", dijo durante la movilización.