La ONG Human Right Watch ha pedido este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vote para establecer una misión de investigación independiente para investigar la represión de las autoridades iraníes contra las participantes en las manifestaciones alimentadas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo.

"El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe destacar la represión cada vez más profunda y crear un mecanismo independiente para investigar los abusos del Gobierno iraní y hacer que los responsables rindan cuentas", ha instado la investigadora senior sobre Irán de HRW, Tara Sepehri Far.

En este sentido, Far ha indicado que los miembros del Consejo deberían votar este jueves --24 de noviembre-- para establecer un mecanismo independiente que "documente las graves violaciones de Derechos Humanos en Irán", con el fin de "avanzar en el camino de la rendición de cuentas".

"Las autoridades iraníes parecen decididas a desatar la fuerza brutal para aplastar las protestas y han ignorado los llamados para investigar las montañas de evidencia de graves violaciones de derechos", ha criticado la investigadora de la organización.

HRW ha documentado un patrón de uso indebido de la fuerza letal por parte de las autoridades iraníes contra manifestantes en decenas de casos en varias ciudades del país. Las Fuerzas Armadas estarían actuando armadas con rifes de asalto, ametralladoras pesadas y vehículos blindados.

Las protestas comenzaron tras la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, fallecida tras ser detenida en Teherán supuestamente por no llevar bien puesto el velo. Las represión de las protestas, que incluyen llamamientos a la caída del régimen iraní, se han saldado hasta ahora con la muerte de 434 personas, incluidos 60 niños.

Desde mediados de noviembre, las autoridades del país han intensificado drásticamente su represión, sobre todo en varias ciudades kurdas. Además, entre los detenidos se encuentran estudiantes, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y abogados.

Asimismo, el poder judicial ha comenzado a procesar a miles de manifestantes, publicitándolo a través de medios de comunicación a partir de confesiones obtenidas bajo coacción. Los detenidos se mantienen en entornos hacinados y son sometidos a tortura y malos tratos, denuncia HRW.

Dos mujeres que fueron detenidas han explicado a la ONG que las autoridades las golpearon brutalmente, las acosaron sexualmente y las amenazaron durante su estancia en la comisaría por manifestarse. Una de ellas dijo que tenía hemorragias internas y fracturas.

Los tribunales también han dictado varias sentencias de muerte contra manifestantes.