Malasia aprueba la abolición de la pena de muerte automática

El Parlamento de Malasia aprobó este lunes la abolición de la pena de muerte obligatoria, que hasta ahora se aplicaba de forma automática en once delitos, entre ellos narcotráfico, una reforma que contrasta con la mano dura contra el tráfico de drogas en otros países de la región.

La cámara baja de Kuala Lumpur votó por mayoría a favor de la reforma del código penal, que sucede tras más de una década de pasos tomados en esta dirección y después de que el país declarara una moratoria a las ejecuciones en 2018, si bien se continuaron imponiendo condenas a muerte.

Según Amnistía Internacional, hay actualmente 1.337 reos en el corredor de la muerte en Malasia, que podrán pedir una revisión de su sentencia, el 67,5 % de ellos condenados por narcotráfico, entre los once delitos castigados hasta ahora forzosamente con la pena de muerte, junto al asesinato, el terrorismo, el secuestro o la posesión de armas.

La ley propone que, en lugar de la pena de muerte, se impongan penas de hasta 40 años de cárcel para dichos once delitos castigados hasta ahora con la ejecución mediante la horca.

El viceministro de Interior y Reformas Institucionales, Ramkarpal Singh, aseguró que la reforma es "crucial" pues la pena de muerte "es irreversible y no ha traído los resultados que se esperaban", dijo hoy en el Parlamento, según el diario Free Malaysia Today.

No obstante, la pena de muerte todavía podrá ser impuesta en Malasia si así lo decide un juez.

El pasado junio, el entonces ministro de Justicia, Wan Junaidi, ya adelantó que el Gobierno estaba estudiando castigos alternativos a la pena capital.

En el Sudeste Asiático, además de Malasia, la pena de muerte sigue vigente para algunos crímenes en Singapur, Indonesia, Tailandia Vietnam, donde las ejecuciones se realizan mediante la horca, por fusilamiento o inyección letal.

Además, la junta militar de Birmania (Myanmar), país que llevaba tres décadas sin aplicar el castigo capital, ejecutó el pasado julio a cuatro activistas pro democracia acusados de "actos terroristas".

En concreto, algunos de estos países adoptan un enfoque especialmente duro contra el narcotráfico. El vecino Singapur, el país más desarrollado del Sudeste Asiático, ejecutó al menos a diez presos el año pasado -mediante la horca- por tráfico de drogas, un ritmo sin precedentes que suscitó las críticas de la ONU.