El Tribunal de Justicia de la UE pone en entredicho el plan migratorio de Meloni en Albania

Nuevo varapalo judicial para las políticas migratorias de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Este viernes, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado que los jueces italianos supervisen las deportaciones de solicitantes de asilo rescatados en el Mediterráneo a centros de detención fuera de la Unión Europea, en una sentencia contra el plan del Ejecutivo italiano de enviar a migrantes a Albania. Algo que implica que esa decisión no puede estar solo en manos del Gobierno transalpino.

El fallo, que era esperado para hoy, deja así de nuevo en entredicho el plan de Meloni de externalizar las solicitudes de asilo en Albania, donde el año pasado la política construyó una costosa estructura para albergar a migrantes rescatados por barcos del Estado italiano en el Mediterráneo.

De hecho, según la sentencia del TJUE, el Ejecutivo italiano tendría derecho a dictaminar qué país de origen de un solicitante de asilo es seguro o no, pero también los jueces tendrían esa competencia y, por ello, su opinión debe ser tomada en cuenta. Además de ello, también se rechaza la idea de que un país pueda ser considerado seguro si solo una determinada minoría es perseguida, y no el conjunto de la población que allí se encuentra.

Unos argumentos, estos, que significan que el plan de Meloni suma otro gran obstáculo jurídico para poder seguir en vida. La razón es que hasta ahora precisamente han sido los jueces los que han bloqueado casi todos los traslados de migrantes al país balcánico (desde octubre), desautorizando así el proyecto del Gobierno, cuyo supuesto objetivo era también desincentivar los flujos migratorios hacia Italia.

Meloni, furiosa

Con este preámbulo, el fallo ha suscitado una dura reacción por parte de Meloni, que ha sugerido que el TJUE estaría injiriendo en políticas internas del Gobierno italiano.

"Sorprende la decisión del Tribunal de Justicia de la UE respecto a los países seguros de origen de los migrantes ilegales", ha considerado Roma en una nota oficial enviada desde la presidencia del Consejo de Ministros. "Una vez más, la jurisdicción —esta vez europea— reclama espacios que no le corresponden, en relación con responsabilidades políticas", han añadido.

El plan de Meloni de enviar migrantes a centros en Albania suma así otro obstáculo, ya que hasta ahora los jueces han bloqueado prácticamente casi todos los traslados de migrantes al país balcánico desde octubre.

Fuera de la legalidad

En otro tono, organizaciones humanitarias han festejado la decisión del tribunal europeo. "El Tribunal de Justicia de la UE desautoriza el "modelo Albania": el gobierno [italiano] ha construido un sistema fuera de la legalidad europea", ha analizado la Mesa de Asilo e Inmigración (TAI), de la que Médicos Sin Fronteras forma parte, al pedir que Roma ahora ponga fin a este proyecto. "Se trata de una decisión contundente, que desmiente de forma radical la línea del gobierno italiano", ha añadir al considerar que "la sentencia golpea en el corazón uno de los pilares fundamentales de todo el sistema: la posibilidad de tramitar solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado, basándose en la presunción automática de seguridad del país de origen".

En esta línea, el TAI ha pedido al gobierno de Meloni "que tome nota del fallo, que cese toda iniciativa orientada a reactivar el Protocolo Italia-Albania, y que reconduzca la política migratoria al marco del derecho internacional y europeo, así como a las garantías constitucionales".

Inútil

La razón de esto último es que, para sortear las negativas de los jueces, Meloni fue modificando con el paso del tiempo su plan; tanto que, en su más reciente maniobra —la cuarta— envió a Albania a migrantes que ya se encontraban detenidos en Italia en los llamados Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR). Una medida que las oenegés también consideraron inútil, dado que en Italia existen ya 1.164 plazas distribuidas en 11 centros de retención.

En esta línea, el desenlace también ha dado alas a las críticas de la oposición de centroizquierda, que en estos meses ha acusado al Ejecutivo italiano, no sólo de estar violando la ley italiana y europea, sino de también de estar provocando un gran daño a las arcas del Estado. Según un reciente informe de la organización Action Aid, mantener abierto el centro de Albania habría costado unos 114.000 euros al día tan solo cinco días en 2024.