El Supremo de EEUU resolverá por vía rápida sobre la legalidad de los aranceles de Trump

El futuro de los aranceles de Donald Trump, uno de los pilares de la agenda económica del presidente de Estados Unidos y de las economías de todos sus socios comerciales, incluyendo España, ya está en manos del Tribunal Supremo, que va a decidir sobre su legalidad por la vía rápida. 

La corte, en una decisión que era anticipada, ha anunciado este martes que acepta la petición del gobierno de estudiar la constitucionalidad de la mayoría de los gravámenes, que dos tribunales inferiores habían declarado ilegales. 

Los magistrados han dado hasta el 19 de septiembre a las partes para que presenten toda la documentación necesaria para el caso y han fijado en el calendario la primera semana de noviembre para la vista oral.

El caso

En el centro del caso están tanto los aranceles genéricos del 10% que Trump puso a todas las importaciones que llegan a EEUU como los que tildó como “recíprocos”, así como los que impuso a México, Canadá y China supuestamente como castigo por no combatir el tráfico de fentanilo. En todos esos casos el mandatario esgrimió la supuesta autoridad que le concedía la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977.

El Tribunal Internacional de Comercio en mayo y hace 10 días uno de apelaciones dictaminaron los gravámenes ilegales porque consideraron que el presidente no podía imponerlos apelando a esa ley. Las cortes, no obstante, los dejaron en vigor mientras avanzaba el proceso.

El Supremo, donde desde la primera presidencia de Trump se ha impuesto una super mayoría conservadora de seis jueces frente a las tres progresistas, ha estado dando numerosas victorias al mandatario desde que el republicano volvió al Despacho Oval en enero.  

Trump asegura que EEUU vivirá un colapso económico si se anulan sus aranceles y ha llegado a decir que se convertirá en una "nación del tercer mundo". Incluso aunque el Supremo anulara estos, retados en un caso inicialmente planteado por cinco pequeños negocios y varios estados demócratas, podría volver a imponerlos buscando otra autoridad, como la que esgrime para los sectoriales, que ya aplica a aluminio, acero, cobre y automóviles y partes y que no se ven afectados

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