Vox pide al Consell destinar 4 millones para el retorno de migrantes pese a no tener competencias

Si salieran adelante todas las enmiendas de Vox, la Generalitat destinaría medio millón de euros para arreglar abrevaderos de los cotos de caza, un millón de euros para personas "víctimas de la okupación", 1,4 millones para ayudar a la explotación de la cereza o 360.000 euros para impulsar "campañas, programas, ferias y demás actuaciones que fomenten la importancia de la familia"; sin embargo, ninguna de las partidas resultaría tan beneficiada como el intento de "fomentar el retorno voluntario de migrantes", una cuestión para que, en diferentes líneas, los voxistas reclaman 4,1 millones de euros. Y eso pese a que la Administración autonómica no tiene competencias en la materia.

Los voxistas han planteado cuatro enmiendas con las que dotar económicamente a una idea que está fuera de las competencias autonómicas ya que todo lo relacionado con la migración (y especialmente con la expulsión y repatriación) depende del Gobierno central y el Ministerio de Interior. No obstante, Vox se acoge a la idea de impulsar el "fomento" de estos retornos "voluntarios" para incorporar unas propuestas por un valor similar al coste de construir un centro de salud en un municipio del tamaño de Oliva, Meliana o Pedreguer, cuyos ambulatorios se licitaron por 3,4; 4,8 y 2,9 millones respectivamente.

En estas enmiendas, la de mayor gasto son los 2,3 millones que los voxistas reclaman traspasar de 'Gastos diversos' a una nueva línea de "oportunidades y retorno para jóvenes ex tutelados en países de origen", una partida que podría ir a "instituciones públicas, organismos y entidades sin ánimo de lucro". Estos 2,3 millones son similares a los 2 millones introducidos en el presupuesto pasado para buscar convenios con los países de origen para fomentar este retorno, una línea que recibió el visto bueno del PP y de la que no se gastó ni un euro.

La siguiente en cuantía es la enmienda sobre la reformulación de la Oficina Valenciana de Inclusión para convertirla en la Oficina de Arraigo y Retorno. Son 0,9 millones con el objetivo de "dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentren en la Comunitat Valenciana". Actualmente, la Oficina de Inclusión es un "servicio especializado de atención, asesoramiento y apoyo a las personas migrantes y refugiadas y en atención en igualdad de trato, no discriminación y delitos de odio". Es decir, se pasaría de prestarles ayuda para una adecuada integración a ser un punto cuyo único respaldo es que se vayan.

A esta se suman otros 600.000 euros que se quitarían del capítulo de Diversidad, dentro de la conselleria de Susana Camarero, del apartado de "trabajos realizados por empresas y profesional" para el mismo fin: "fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes". Misma idea que los 300.000 euros que saltan de un programa de fomento de la integración ciudadana en el municipalismo. En total, 4,1 millones en programas de "retorno voluntario", solo para migrantes (mientras se habla de "prioridad nacional" en otras enmiendas), sin especificar cómo hacerlo, si será pagar billetes de avión o convenios con ONG.

Guerra al Consell de la Joventut

Pero además de a las personas migrantes, las enmiendas de Vox conllevan otras 'víctimas' aunque en esta ocasión por la posibilidad de perder financiación. El caso más claro es el Consell Valencià de la Joventut que, en caso de aprobarse todas sus peticiones, se quedaría con un presupuesto de 0 euros por parte de la Generalitat. En concreto, en dos enmiendas piden quitarle las dos transferencias de 361.000 y 18.000 euros que recibe del Institut Valencià de Joventut; una de ellas para celebrar en su lugar las citadas "campañas, programas, ferias y demás actuaciones que fomenten la importancia de la familia".

También perdería financiación la Cruz Roja a la que Vox reclama quitarle 10.000 euros para, en su lugar, destinarlo a una investigación sobre las "nuevas realidades delincuenciales" vinculándolas con la inmigración. A ello se añade los 970.000 euros que reclama recortar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua para dárselos, en su lugar, al Consell Jurídic Consultiu y dejar al organismo lingüístico con un presupuestos habilitado solo para poder pagar nóminas.

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