Portugal da la puntilla al tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Lisboa. El país vecino abandona el proyecto definitivamente. Un dictamen de su Tribunal de Cuentas, que tumba el contrato de adjudicación del tramo Caya-Poceirao, ha servido al Gobierno portugués para anunciar la decisión. Mejor dicho, para ratificarla, porque todos los trabajos en torno a esta infraestructura permanecían suspendidos desde el pasado verano. De esta forma Portugal deja sola a España con esta infraestructura. Ahora será el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que tenga que aclarar qué va a hacer con el trazado en suelo extremeño y manchego. Una de las claves será la rentabilidad, ahora que --como mucho-- solo llegará a Badajoz.
El Tribunal de Cuentas de Portugal hizo público el miércoles la sentencia que deniega el visado al contrato para el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de las infraestructuras del AVE entre las localidades lusas de Poceirao y Caya. Las obras fueron adjudicadas por el anterior Gobierno socialista al consorcio Elos, participado por las compañías portuguesas Brisa y Soares da Costa y la española ACS (la compañía de Florentino Pérez). Fue en mayo del 2010. Ahora, dos años después y sin que los trabajos hayan empezado, el Tribunal de Cuentas ha encontrado irregularidades.
Sin el visto bueno de este organismo la obra no puede avanzar y el proyecto, tal y como se había planteado hasta ahora, es inviable. Para retomarlo sería necesario un nuevo concurso público y un nuevo contrato. Sin embargo el Ejecutivo portugués, que dirige el conservador Pedro Passos Coelho, ha dejado claro en las últimas horas que no lo va a hacer. Es más, ha dicho claramente que abandona el proyecto.
Lo cierto es que la decisión estaba prácticamente tomada. De hecho, lo primero que hizo Passos Coelho tras ganar las elecciones el año pasado fue suspender el proyecto a la espera de una revisión. El primer ministro luso, su equipo ministerial y su partido (Partido Social Demócrata) siempre se han mostrado contrarios a la alta velocidad. Consideran que es un dispendio inasumible y poco rentable para el país. El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas avala ahora esas tesis. Los magistrados han detectado incumplimientos e ilegalidades en el contrato, falta de información del marco presupuestario y aspectos que vulneran la normativa financiera.
PRIORIZAR LAS MERCANCIAS Con el dictamen en la mano, el Ministerio de Economía y Empleo de Portugal, encargado de la política de transportes en el país vecino, ha expresado mediante un comunicado que el informe del Tribunal de Cuentas "cierra la polémica en torno al AVE, que será definitivamente abandonado". En su lugar apostará por las redes transeuropeas de mercancías desde los puertos de Sines y Aveiro. "La posibilidad de explorar estas conexiones, que desplazan a la alta velocidad, con España y Francia continuará mereciendo el trabajo del Gobierno", señaló el ministerio en su nota.
¿Cómo afectará esto al AVE extremeño? La ministra de Fomento, Ana Pastor, quiso mandar ayer un mensaje de tranquilidad desde Bruselas, donde conversó con su homólogo portugués. Allí aseguró que mantiene sus planes para la parte española y sigue adelante con la infraestructura. También avanzó que se reunirá "en los próximos días" con representantes de los Gobiernos luso y francés para examinar el impacto de la decisión. El delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Rodríguez del Molino, reconoció que el anuncio portugués es una mala noticia, aunque apuntó que "todavía no es un tema cerrado". Del Molino le quitó importancia: "Tenemos que estar más preocupados con nuestro AVE, con el AVE que nos llega aquí a Badajoz y luego los portugueses tendrán que hacer lo que tengan que hacer".
El Gobierno del PP aún no ha precisado si priorizará la ejecución de las obras. Lo más que ha hecho ha sido informar de que la alta velocidad a Extremadura estará dentro del nuevo Plan de Infraestructuras que está elaborando Fomento, con un horizonte de ejecución de 10 años (hasta 2024). Será en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para el día 30, cuando los extremeños tengan una pista sobre cuáles son las intenciones del Ejecutivo español.
