El pasado martes la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, con la colaboración de la Policía Nacional, desalojó una vivienda en la calle Minas de la Joyosa, en Cáceres. Es uno de los últimos desalojos ejecutado por la Administración regional, que en los últimos meses se cuentan ya por decenas. Este tipo de acciones habían entrado en una especie de stand by durante los últimos años y ahora el nuevo gobierno autonómico las ha retomado para recuperar viviendas públicas ocupadas irregularmente, en las que se desarrollan actividades ilícitas --como el menudeo de droga-- o cuyos inquilinos no pagan el alquiler. En el caso ocurrido el pasado martes en Cáceres, la deuda con la administración ascendía a 6.844 euros correspondientes a 46 recibos que no se habían abonado.
Los desalojos están autorizados por el juez y se llevan a cabo tras analizarse todas las circunstancias que rodean a cada caso, según explican desde la Consejería de Fomento. Pese a ello, La Plataforma de Personas Afectadas por los Desahucios y el colectivo La Trastienda han solicitado a la Junta que pare lo que consideran una "sangría". Actualmente hay unos 700 expedientes de desalojo abiertos. La Administración defiende estas actuaciones, se compromete a rehabilitar los inmuebles y explica que se volverán a adjudicar a familias con rentas bajas.
