«Derribar la isla de Valdecañas acabaría con nuestros pueblos»

Raro es el día que Juan Carlos no pasa por allí, donde está la oficina de la empresa que montó en mayo del 2014. Trabaja en la isla desde que comenzaron los movimientos de tierra y ahora se encarga del mantenimiento de todas sus zonas comunes (viales, rotondas, zonas deportivas, senderos...). También de la jardinería y de la basura de las 185 villas privadas contruidas en lo que muchos llaman el Algarrobico extremeño y cuya propiedad está en manos, principalmente, de fortunas procedentes de Madrid (a hora y media de autovía), pero además de gente de Extremadura, de Sevilla, del País Vasco... Para la mayoría de los dueños es una residencia de fin de semana y vacaciones, aunque hay seis propietarios que viven de forma permanente.

Donsam Verdes, como se llama el negocio de Juan Carlos, tiene diez empleados fijos, todos de la zona. Y a todos los reunió el pasado martes para contarles la verdad: que la incertidumbre es total, que no quiere dejarlos tirados, pero que si el complejo desaparece se esfuman también sus empleos. «Esta empresa la creé para atender la isla; tengo otros proyectos en Madrid y Sevilla, pero no puedo mantener a esta plantilla si esto se acaba», confiesa este joven gaditano casado con una vecina de El Gordo.

La pelota no está en su tejado, sino en el del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, una vez ya recibido el informe pericial que encargó a la Estación Biológica de Doñana para conocer el impacto medioambiental de las obras y estudiadas las alegaciones (cuyo plazo de presentación termina el 15 de marzo), deberá dictar un auto definitivo: ¿demolición sí o no?

INQUIETUD / En el único hotel de la isla, un 4 estrellas de 80 habitaciones, la plantilla tiene la misma espada de Damocles sobre la cabeza. Son alrededor de medio centenar de trabajadores incluidos aquellos que se encargan de mantener impoluto el campo de golf de 18 hoyos. En total, Isla de Valdecañas ronda el centenar de empleos directos. «Sería una pena que lo tirasen todo; llevo ocho años trabajando aquí, soy de Peraleda de la Mata y tendría que irme a trabajar más lejos de mi pueblo», cuenta Noelia desde la garita que controla el acceso al complejo.

No es de extrañar que los ánimos estén caldeados entre sus empleados y también entre los vecinos de los pueblos cercanos, que empiezan a estar ya cansados del caso Valdecañas. El resort se levantó sobre 133 hectáreas protegidas -es zona de especial protección de aves (ZEPA)-. Era un lugar no urbanizable, pero la Asamblea lo catalogó como Proyecto de Interés Regional (PIR) en el 2007 y la Junta recalificó el terreno. El complejo abrió en el 2010 y un año después llegó la primera sentencia de derribo tras la denuncia de dos organizaciones ecologistas. Es un conflicto sin resolver durante más de una década y eso no hace más que desinflar las expectativas generadas y crear incertidumbre. «Hay un desánimo claro que ralentiza la actividad. Los propietarios no se atreven a hacer mucho hasta ver qué pasa», apunta Juan Carlos.

PARALIZADO A MEDIAS / Por no hablar también de la segunda fase del complejo que en 2011 quedó paralizada y a medias, dejando un ambiente fantasmagórico en algunos puntos de la isla. Está a medio construir un segundo hotel de cinco estrellas junto a la playa artificial que finalmente serían apartamentos, otras 105 villas y no llegaron ni a comenzar las obras de una piscina para el hotel -ahora utiliza la comunitaria- y un pequeño centro comercial previsto justo enfrente.

«Lo ideal sería que terminaran de hacer el proyecto pero si no se puede, que al menos dejen lo que está», dice Ramona Villegas detrás de la barra de la Taberna La Fragua en El Gordo. En este pueblo, cuentan, casi todos los vecinos defienden el complejo a pesar de que reconocen que las cosas no se hicieron bien desde el principio. «Una vez hecho para qué se va a tirar, quién gana ya. Los pocos jóvenes que hay tendrían que emigrar como hice yo», apunta Dimas. Él se marchó a Alcorcón en los años 60. «Inundaron las mejores tierras para hacer el pantano de Valdecañas y aquello fue una ruina».

Pedro, en el taburete de al lado, también habla del pasado. «Eso se hizo rápido y mal desde el principio, pero si dejaron que se hiciera tirarlo ahora sería dar un paso atrás. Allí ibamos a coger espárragos y a cazar, pero está ahora mucho más bonito y aprovechable que antes». De hecho, él pasó allí la última nochevieja. «Estuve de cotillón en el hotel, me creí hasta más rico de lo que soy», ironiza. «Ricos y pobres han existido siempre», apostilla Ramona.

FUENTES DE EMPLEO / A ella tampoco le entra en la cabeza que todo aquello pudiera desaparecer: «como si no hubiera cosas muchísimo más importantes en este país que venir a derribarnos la isla», dice entre vuelta y vuelta a la tortilla que está preparando para los aperitivos. Su hijo trabaja en el complejo de jardinero y su hija en Expal, la fábrica de armamento del pueblo. La empresa de explosivos, la isla, una cantera y una industria cárnica son la únicas fuentes de empleo en la zona y esta última está en plena campaña ahora mismo. Tiene 170 empleados, algunos de ellos gracias a la actividad extra que genera el propio complejo. «Por lo menos 10 o 12 puestos se han creado porque abastecemos al hotel y a muchas de las villas; sería una aberración que desapareciera, tendría consecuencias fatales», valora Raúl Sánchez, gerente de las Cárnicas Dibe.

A pocos pasos del bar, Olga Bravo despacha unos plátanos y unas latas de cerveza en el supermercado que regenta junto a la iglesia de El Gordo. «Aquí todo el mundo conoce a alguien que trabaja en la isla, el que no está en la empresa de jardinería, está limpiando en las casas, en el campo de golf o en las instalaciones deportivas. Mis dos sobrinos sin ir más lejos, uno es monitor y otro jardinero, y mi tienda también se beneficia. Derribar la isla acabaría con nuestros pueblos, sería una catástrofe». Allí coinciden José (madrileño desempleado afincado en el pueblo de sus padres), Juan Ramón (maestro jubilado), y otra vecina que prefiere obviar su nombre. «Es una vergüenza lo que está pasando, con tanto campo protegido terminarán de arruinar a Extremadura», dice esta. «¿Sabes lo que tenemos a 30 kilómetros de aquí? Almaraz, con eso lo digo todo», apunta José. «A mí me sorprende lo que está llegando ahora a las altas instancias porque yo no lo he conocido así: aquello era un erial sin valor, un basurero, y últimamente no había ya ni caza», replica Juan Ramón refiriéndose al informe de la Estación Biológica de Doñana. «si es que ahora se ven más pájaros que antes, da gusto ir».

MENOS POBLACIÓN / En el municipio lo que sí se ven son menos vecinos. El Gordo tiene 363 empadronados según los datos del 2018, pero eran 395 en el 2012 y 2013, la época de mayor esplendor de las dos últimas décadas. Pero eso son solo estadísticas. «La realidad es que seremos poco más de 200 los que vivimos todo el año», dice otra vecina indignada. «Es que ahora hay más animales allí, es que esa isla solo ha traído cosas buenas, empleo y más vida al pueblo». Incluso suculentos cepillos en la iglesia que han permitido hacer un altar nuevo, arreglar las goteras del tejado y ayudar a las familias más necesitadas, cuenta. Por allí se han dejado ver, en la misa de doce, Ana Botella y hasta Pilar de Borbón, la hermana del Rey emérito. Los hijos de ambas (Alonso Aznar y Beltrán Gómez Acebo) están entre las personalidades del papel couché que compraron casa en la isla, pero también hay futbolistas, empresarios, banqueros...

«Yo no le echo mucha cuenta a esa gente. Solo sé que nos degollaron cuando inundaron las tierras fértiles para construir el pantano y ahora ya nos quieren rematar», lamenta Elías Correas, alcalde (PP) de El Gordo, el término municipal al que pertenece el 67% de la isla. Además de empleo en la zona el complejo, que le trae de cabeza junto a otras causas abiertas, aporta vía IBI cerca de la mitad del presupuesto municipal. «Si nos quitan los ingresos, a ver cómo mantenemos los servicios», se pregunta.

En Berrocalejo, a siete kilómetros, la percepción es prácticamente idéntica con la salvedad de que a este término solo corresponde el 33% de la isla, justo la zona donde se paralizó la construcción de más villas, con lo que el rédito a las arcas municipales es prácticamente nulo. «Al principio sí se recibió mucho dinero, pero no se supo encontrar la manera de hacer ese dinero productivo», cuenta un vecino partidario del complejo.

Su alcalde, Ángel Pedro Martínez (PSOE), también apoya que el resort siga en pie. «Estamos abocados a la desaparición y esto es una oportunidad de seguir con vida. Creo que, dentro de un orden, la naturaleza no está reñida con la construcción pero aquí parecen más importantes las aves que las personas», lamenta. Este pueblo superaba los mil habitantes en los años 50, «pero el pantano nos mató». Ahora son solo 91 empadronados aunque a diario viven poco más de 40. No resulta fácil conocer qué piensan, son pocos y además sin muchas ganas de hablar. «Es que estamos muy escamados con los medios que vienen a contar medias verdades. Aquí hay gente a favor y en contra, pero todo el que necesita vivir apoya el complejo porque para nosotros es importantísimo. Somos dos pueblos pequeños abocados a la desaparición; tengo un crío que no tiene con quién jugar porque es el único niño aquí. La isla era una oportunidad de trabajo y de progreso, las perspectivas eran muy buenas, se vino más gente a vivir, pero ahora lo están dejando morir», lamenta un berrocalejano.

EN MANOS DE LA JUSTICIA / Más allá del parecer de los vecinos está la Justicia, dos sentencias de derribo y un informe pericial de la Estación Biológica de Doñana que dice, entre otras muchas cosas, que mantener el complejo es más dañino para el medioambiente que su demolición y que no aconseja devolver la isla a su estado original aunque sí restaurar ese espacio con el fin de evitar la actividad humana.

Justo lo contrario que quiere el promotor del Marina Isla de Valdecañas, José María Gea. «Nuestra primera impresión es que en modo alguno ese informe responde a lo que pregunta el tribunal; da opiniones pero no responde a lo que se le está pidiendo». Tampoco tiene mucho sentido para Juan Carlos Domínguez: «es ridículo porque viene a decir que si el ser humano no hubiera existido el mundo sería mejor y estoy de acuerdo, pero el problema es que existimos», sostiene mientras reconoce que, como señala el informe, es cierto hay especies invasoras en la isla: «solo una planta conocida como la hierba de La Pampa que cuando se plantó no estaba así catalogada y la idea es quitarla cuando sepa qué va a pasar, claro».

Para los ecologistas lo que va a suceder es el derribo. «Es que las sentencias están para cumplirlas y mucho más después del contundente informe científico. Aquí ya no cabe otra», señalan. Aunque para la mayoría de los vecinos de El Gordo y Berrocalejo sigue quedando la esperanza: «es lo último que se pierde», dice Ramona.