En una de cada cinco inspecciones, los técnicos del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) han detectado una infracción en lo que va de año. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al periodo entre enero y agosto, se han realizado un total de 1.708 inspecciones en establecimientos de la región que han permitido localizar 310 infracciones, principalmente en bazares, grandes superficies y establecimientos de alimentación, aunque las actuaciones se llevan a cabo en todo tipo de locales y actividades que se desarrollan en la región, desde los servicios bancarios a la hostelería o el comercio electrónico.

De mantenerse la tendencia, el dato a final de año supondría mejorar los que recogen la última memoria de este organismo, correspondientes al año 2018 y en la que los datos arrojan un saldo de una infracción por cada cuatro inspecciones. Entonces se llevaron a cabo 3.136 inspecciones en las que se hallaron infracciones en 781 casos. Además, en ese periodo se dictaron 262 expedientes sancionadores por parte de Consumo.

vigilancia/ La detección de estos fraudes son el resultado de los controles que lleva a cabo el organismo por toda la región, tanto de oficio como a raíz de la denuncia de algún usuario o de las asociaciones de consumidores, que suelen ser el primer recurso al que acuden los ciudadanos en busca de asesoramiento ante alguna mala experiencia con un producto o servicio. La mayoría de las acciones irregulares se acumulan en bazares, grandes superficies y establecimientos de comercio al por menor, si bien es cierto que es en estos establecimientos también en los que más inspecciones registraron, principalmente, porque el Instituto de Consumo vigila de un modo especial aquellos productos, bienes y servicios considerados como de uso o consumo generalizado. «Nosotros les hemos trasladado denuncias de productos relacionados con los juguetes o los cosméticos que presentaban problemas. Es cierto que es en bazares y grandes superficies donde se hallan los focos de los principales incumplimientos», reconoce Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX). Junto a eso, sectores que acumulan tradicionalmente muchas quejas de usuarios como telefonía, banca o seguros, están al margen de las competencias en consumo de la región y cuentan con organismos propios de ámbito estatal (Dirección General de Comunicación, Banco de España y Dirección General de Seguros) que desarrollan esa tarea de control.

Según los datos del 2018, de las más de 3.000 actuaciones que se llevaron a cabo, 663 tuvieron lugar en bazares, aunque allí se detectaron 94 infracciones (en una de cada siete), 466 fueron en grandes superficies, aunque en ellas se detectaron 82 infracciones (casi una de cada seis) y 340 intervenciones de los inspectores se llevaron a cabo en alimentación, con 52 infracciones detectadas en esos casos (casi una de cada siete). Sin embargo, hay otros sectores con tasas más elevadas. Es el caso de la hostelería, donde se hallaron el año pasado infracciones en más de la mitad de las inspecciones que se llevaron a cabo (39 en 52 actuaciones) o el sector de la telefonía, donde hallaron incumplimientos en más de un tercio de las 102 actuaciones que llevaron a cabo (37).

Junto a eso, el Instituto de Consumo llevó también a cabo durante el último año más de 3.000 actuaciones para resolver conflictos de consumo, esto es, para mediar ante una reclamación de un consumidor por un producto o servicio. La mayoría de las actuaciones (casi una de cada cuatro reclamaciones) correspondieron a litigios por problemas con las compañías telefónicas (752), seguidas de las relativas a los productos so servicios de las grandes superficies (317), las vinculadas a los establecimientos de venta o reparación de automóviles (225) y las que se produjeron en el sector de la hostelería (183).

«El problema es que en muchos casos no llega a haber sanción y en los que sí la hay, las cuantías no son elevadas. Por eso hay establecimientos que no tienen inconvenientes en asumir el riesgo de cometer una infracción en materia de consumo», asegura José Manuel Núñez, responsable de Facua en Extremadura, que considera que la mejor opción para invitar a las empresas a abandonar las malas prácticas es «elevar las sanciones», que los procesos «sean más rápidos», y que se dé participación a las asociaciones de consumidores en estos procesos para que puedan seguir las actuaciones.

En el año 1994, Extremadura asumió las competencias en materia de Consumo, que desarrollan a través del Incoex. Es en el marco de esas competencias, en el que se llevan a cabo inspecciones periódicas para para comprobar que los productos y servicios se adecuan a la legalidad en cuanto a sus características técnicas, higiénico-sanitarias o de seguridad.

más reclamaciones/ La actitud de los consumidores va cambiando también y el número de reclamaciones que se presentan crece año tras año. La percepción de UCEX es que «cada vez reclamamos más y no solo en los sectores que típicamente acumulan más denuncias, también en otros como el comercio online o el comercio tradicional», señala Serrano. Según los últimos datos difundidos por UCEX, correspondiente a la memoria del 2018, recibieron 7.092 consultas que se tradujeron después en 1.397 reclamaciones.

Para Facua, en todo caso, queda camino por recorrer en cuanto a los derechos de los consumidores. «Una cosa es que alguien llame para consultar algún problema y otra que eso se transforme luego en una reclamación», apunta José Manuel Núñez. Su frase condensa una de las principales lagunas en la protección al consumidor. Muchas de las consultas que trasladan a asociaciones como Facua se quedan en eso, en meras consultas. Según los datos de esta entidad, de las 252 consultas que recibieron el año pasado, solo 60 se transformaron posteriormente en una reclamación. ¿El motivo? Varios. Por un lado la lentitud de los procesos, que disuaden en muchos casos a los afectados; pero también, que sigue existiendo falta de conciencia y de educación sobre los derechos del consumidor. «La educación en consumo es fundamental, pero es aún escasa», concluye Núñez.