Extremadura reclamará al Gobierno central una ley de precios mínimos para el campo que permita a los agricultores cubrir costes y recibir unos precios justos por sus producciones. Es la máxima por la que se movilizaron más de 5.000 agricultores el pasado miércoles en Don Benito y ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se comprometió a «liderar» y trasladar esta reivindicación no solo al ministro de Agricultura, Luis Planas, sino también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro pendiente por el inicio de la legislatura y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su próxima visita a la región.
Fernández Vara se reunió ayer por la tarde en Mérida con los líderes de Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE y Asaja Extremadura para buscar soluciones a la crisis del sector agrario. Es la primera toma de contacto entre ambas partes tras la «importante» manifestación del pasado miércoles a las puertas de Feval y aunque desde el ámbito autonómico poco se puede hacer (la mayoría de las peticiones de los agricultores responden a competencias estatales), abogaron por trabajar con la mano tendida. Eso sí, las organizaciones agrarias quieren resultados a corto y medio plazo y si no hay avances retomarán el calendario de movilizaciones, que seguirán en clave nacional.
El primer paso será que las Opas remitan al Ejecutivo autonómico sus propuestas por escrito y abrir una mesa de diálogo para abordar la «situación compicada» que atraviesa el campo, según Fernández Vara debido fundamentalmente al problema de los bajos precios. «Si se estuviera pagando lo que se tendría que pagar, el resto del debate no existiría», dijo en referencia a la polémica surgida en torno a la subida salario mínimo, cuyo impacto él mismo pidió analizar después de que la región haya sumado 18.700 desempleados más en el último trimestre, la mitad de ellos del sector agrario.
Plantear a la Mesa de la Asamblea la creación de una comisión de estudio sobre estos problemas para escuchar «a mucha gente que tiene muchas cosas que decir para hacer mejorar la situación del campo extremeño, empezando por los precios», es otra de las medidas planteadas por el jefe del Ejecutivo autonómico. Fernández Vara también se ha comprometido a asumir la petición de las Opas de no hacer coincidir los planes de empleo público con las campañas agrícolas. «Algunas cosas pueden depender del gobierno regional y otras no, y me comprometo a las que puedan depender de aquí, estudiarlas y las que no, a liderarlas y exigirlas tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea», dijo.
PRIMERA LÍNEA / Fernández Vara consideró esta reunión con las Opas como «un gesto de absoluta normalidad». «Se puede estar reivindicando en la calle y hablando en las instituciones», afirmó el jefe del Ejecutivo, que abogó por aprovechar que la problemática del campo extremeño «se ha puesto en primera línea de conocimiento de la opinión pública» para situarlo en la agenda política nacional y sacar el máximo partido en beneficio de los agricultores y ganaderos.
Por su parte, los líderes de las tres organizaciones agrarias convocadas (las que obtuvieron representación en las últimas elecciones al campo), coincidieron al aplaudir el posicionamiento «valiente» del presidente y le agradecieron «que se ponga al frente» de sus reivindicaciones. El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, recordó que los precios que se pagan actualmente en origen llevarán a la «desaparición» del sector agrario y señaló que el futuro del mismo solo se puede asegurar garantizando que los agricultores reciban por lo que producen lo suficiente para cubrir costes y un salario. Para ello, desde UPA plantean una reforma de la ley de la cadena alimentaria, una nueva norma de etiquetado que deje claro el origen de las producciones y abordar el problema de los precios y los costes de producción a través de las interprofesionales. «Es necesario un pacto de Estado para acabar de una vez con esta situación creada por el abuso y la especulación», dijo.
Desde Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri consideró que hay mecanismos suficientes para avanzar en el establecimiento de unos precios mínimos. Así, abogó por establecer propuestas conjuntas por parte de todas las organizaciones. Insistió también en la importancia de simplificar «el exceso de normativa regional, nacional y europea», que en ocasiones se solapa y duplica, así como poner freno a la proliferación de las grandes plantaciones que están condenando a desaparecer a las explotaciones familiares.
Por último, Ángel García Blanco, de Asaja Extremadura, criticó que los agricultores tengan «precios del siglo XIX con costes del siglo XXI» y exigió compensaciones para paliar «el efecto debastador» de la subida del salario mínimo. Además, avisa de que si en 15 días no hay avances en la negociación, «Extremadura se va a colapsar».
