Primero se utilizaron para realizar filmaciones y fotografías aéreas, y ahora ya también para situaciones de emergencias, realizar levantamientos aéreos, vigilar el tráfico, aplicar tratamientos fitosanitarios en el campo o para verificar el funcionamiento de las plantas solares... las aeronaves no tripuladas que son operadas mediante control remoto, conocidas popularmente como drones o, de forma más precisa, RPAS (siglas de su denominación en inglés: Remotely Piloted Aircraft System) tienen ya un hueco en casi cualquier campo y eso está motivando que sea un sector al alza que ha crecido un 33% en los dos últimos años y que ha duplicado las cifras de operadores en solo tres años en la región.

Si a finales de 2017 había apenas medio centenar de usuarios acreditados para realizar vuelos profesionales en Extremadura, un año después eran 66 y el pasado 31 de enero se elevaban ya a 99, según los datos recopilados por la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA), el organismo dependiente del Ministerio de Fomento que se ocupa de todo lo relacionado con la regulación y vigilancia del espacio aéreo en todo el territorio Español y que otorga estos permisos. En España hay 4.527 operadores registrados.

Regulación en 2017

El auge del sector ya motivó que hace tres años se adaptara la normativa de navegación aérea a este tipo de dispositivos, aunque más bien lo que se hizo entonces fue incluir estas aeronaves en el mismo marco normativo que somete a cualquier otra, independientemente de su volumen: un dron tiene los mismos requerimientos que un avión de pasajeros a la hora de ocupar el espacio aéreo. Eso supone, por ejemplo, que en el caso de Extremadura cuentan con zonas de vuelo limitado o incluso restringido que afectan a zonas como la central nuclear de Almaraz, el aeropuerto de Badajoz o la base militar de Talavera la Real.

En el caso de la instalación nuclear, la restricción es total (es lo mismo que se aplica, por ejemplo con las propiedades de la Casa Real) salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa. En cuanto a la base militar y el aeropuerto, sin embargo, se trata de una restricción que se puede salvar con una autorización que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o del Ejército del Aire.

«Las limitaciones del espacio aéreo hacen sea casi imposible trabajar con un dron en la provincia de Badajoz», lamenta Jerónimo García Marcelo, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de RPAS (conocida por sus siglas FEDAR) y uno de los primeros en iniciarse en Extremadura en este sector. Aboga por buscar la forma de flexibilizar esta limitación porque la presencia de la base aérea militar crea una zona de seguridad que abarca una superficie de unos 60 kilómetros de radio que se extienden desde Badajoz a Alburquerque, Alange y Zafra, aproximadamente.

«En esa zona no puede volar ningún dron, ya sea lúdico o profesional», denuncia. Se requiere un permiso de AESA y solo hay una empresa que lo obtenido hasta ahora, la extremeña con sede den Badajoz Air Drone View. «Hay que pelear como en cualquier otro sector, pero es cierto que cada vez más empresas reclaman este servicio», sostiene el responsable de la empresa, José Fernández.

Pero que haya más actividad no ha facilitado los problemas con un marco legal complejo: «el resumen es que la situación de este sector es peor ahora que hace unos años», denuncia García Marcelo, que cree que la falta de operatividad radica en que en AESA no hay aún una gestión «exclusiva» de todo lo relacionado con los drones.

«Gestionan todo tipo de operaciones aéreas y te aplican los mismos criterios que a un avión cualquiera», denuncia el vicepresidente de la Federación de RPAS que opina que el trabajo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea está más orientado a las grandes aeronaves.

Los últimos cambios han agilizado los trámites más sencillos. Por ejemplo, mientras que antes se exigía remitir toda la documentación a la AESA para obtener la acreditación profesional para los vuelos (para los aficionados no es necesario) ahora basta con inscribirse en el registro y confirmar que tienes la documentación necesaria (no hay que remitirla aunque en cualquier momento se puede solicitar) para lograr la autorización de volar en zonas sin riesgos. «Pero para el resto de permisos puedes tardar meses», dice García Marcelo.

No es un juguete

«Los drones, al margen de sus dimensiones y uso, son considerados aeronaves, tal y como define la legislación nacional e internacional a la que están sujetos», recuerdan en su página web desde Enaire, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento que gestiona la navegación aérea. Eso supone que, a efectos legales, son un ocupante más del espacio aéreo, igual que un avión de pasajeros.

«Es muy fácil usar mal uno de estos dispositivos y el ejemplo más claro está en lo que pasó hace unos días en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas», recuerda García Marcelo. Se refiere al incidente que provocó la presencia de varios drones en las pistas del principal aeropuerto de España, que obligó a cerrar el espacio aéreo, cancelar las salidas y desviar más de una treintena de vuelos a otros aeródromos próximos por el riesgo que suponían para la seguridad aérea.

«Lo que ha pasado en Madrid, se puede repetir y puede pasar en cualquier sitio. Y el problema es que es muy difícil de perseguir en la mayor parte del territorio porque el único organismo sancionador está en Madrid y las infracciones no se persiguen si no hay una denuncia», afirma José Fernández, de la empresa Air Drone View.

El único que se ‘cuela’ en Talavera la Real

Hace seis años que José Fernández decidió apostar por un sector que aún tenía poco desarrollo pero en el que veía un importante potencial. No había aún una legislación específica sobre los drones por lo que en los primeros años de actividad de Air Drone View trabajaron en una situación de «alegalidad» que cambió la regulación de 2017. Hoy es uno de los 99 operadores autorizados en Extremadura para trabajar de forma profesional con los dispositivos RPAS y el único que puede hacerlo en el área restringida que abarca una parte importante de la provincia de Badajoz, por la presencia del aeropuerto y especialmente de la base militar de Talavera la Real, en la que el ejército lleva a cabo ejercicios de vuelo con aviones.

José Fernandez, Air Drone View

«No fue fácil, pero es evidente que tampoco es imposible obtener este permiso», valora de la acreditación que estrenaron hace justo un año para volar en esta zona restringida, tras cumplir los requisitos que exigían tanto la autoridad civil (AESA) como la militar (la base de Talavera la Real), y someterse durante meses a trámites. El permiso es permanente para ese espacio aéreo, aunque cada trabajo previsto en la zona afectada debe ser comunicado y autorizado por la base militar para evitar interferencias de los drones con sus prácticas de vuelo. «Debemos hacer una comunicación previa con los detalles, la duración y la zona del vuelo, con diez días de antelación y concretarla de nuevo en el mismo día del vuelo con todos los detalles», cuenta el empresario.

Opciones infinitas

Doce meses después, la conclusión que saca es que el esfuerzo mereció la pena porque lograrlo les ha abierto la puerta a trabajar en toda la zona entre Badajoz y Mérida, y de hecho han llevado a cabo proyectos en la plataforma logística de Badajoz o en el tramo del AVE a la altura de Mérida, puesto que una de las especialidades de esta empresa es el seguimiento de obras civiles. «Pero hay empresas que nos han pedido servicios de drones con cámaras térmicas para localizar ganado y cada vez usan más también para hacer el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, evaluando el funcionamiento de los paneles con cámaras termográficas que pueden captar si se está perdiendo energía en algún punto», cuenta.

«Con un dron hay muchas más opciones que las audiovisuales. De hecho, tienes casi tantas opciones como puedas imaginar, porque basta con acoplarle distintos dispositivos», explica Fernández. En su empresa cuentan con nueve aeronaves en uso que oscilan entre los 1.500 y los 9.000 euros en función de la antigüedad (las primeras las compraron en 2014, pero la tecnología ha evolucionado muy rápido), la duración de las baterías (de 8 a 30 minutos) y los dispotivos asociados que tenga: audiovisual, cámara térmica...

¿Profesional o aficionado?

Para realizar vuelos como aficionados se pueden encontrar dispositivos por poco más de 50 euros. Las prestaciones no son las mismas que las de un RPAS profesional (la AESA distingue entre ambos) y los requisitos para poder utilizar uno y otro tampoco, pero en ningún caso están exentos de limitaciones y ni mucho menos los drones para vuelos lúdicos pueden considerarse un juguete, como recuerda Enaire, la empresa dependiente del Ministerio de Fomento que gestiona la utilización del espacio aéreo. De hecho, las multas por un uso indebido de dispositivos de forma lúdica pueden llegar a los 225.000 euros y a 4,5 millones en el caso de las de uso profesional.

Más allá de la cuantía de las sanciones, la diferencia básica entre los drones lúdicos y los profesionales radica en que los primeros no requieren ningún tipo de acreditación, pero su uso también es más limitado. Por ejemplo, no pueden volar a más de 120 metros del suelo mientras que los profesionales pueden utilizarlo a distancias mayores, fuera de su vista, aunque se requiere autorización.

Enaire alerta de que el auge del sector de los drones representa un desafío para garantizar la seguridad de todos los usuarios del espacio aéreo.