Los 19 miembros del Campamento Dignidad detenidos ayer por irrumpir en las instalaciones del centro territorial de TVE en Extremadura, con sede en Mérida, e interrumpir por la fuerza el informativo regional de las 14.00 horas para exigir el pago de la renta básica en la comunidad fueron puestos en libertad provisional sin fianza, tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 3. Los activistas están acusados de delitos de desórdenes públicos, coacciones y allanamiento, y serán juzgados en un juicio rápido el próximo martes, 18 de febrero, a las diez de la mañana. Además están obligados a comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

El portavoz del colectivo, Manolo Cañada, y a su vez uno de los detenidos, explicó a este diario que su lucha "es la que es", y que no tienen "ningún litigio contra los trabajadores de los medios de comunicación", si no "todo lo contrario, porque siempre nos han tratado muy bien". En este sentido, Cañada asegura que lo que pretendían acudiendo a TVE era "poner el dedo en la llaga", pero siempre "sin perder la cordura ni las razones", porque "el gobierno se está burlando de la gente obrera".

El excoordinador regional de IU define al campamento como un "movimiento pacífico de acción no violenta", pero a su vez "desobediente". Considera que el Gobierno autonómico está "mareando a la gente y haciendo pasar hambre a los extremeños".

En relación a la noche que pasó en los calabozos de la comisaria junto a sus compañeros, Cañada bromea: "Hemos pasado noches mejores, pero también peores". El trato recibido por la policía fue "correcto" y reconoce que no tienen ninguna queja.

La abogada de los 19 detenidos, Marisa Tena, esgrime que no hay "ningún tipo de delito porque no han tenido el ánimo de alterar el orden", y por ello no entiende "que se pida una condena cuando están pasando un estado de necesidad". Asimismo, Tena subrayó que hay que que tener en cuenta que "han hecho una acción reivindicativa llevada a cabo en los términos de la desesperación y necesidad".

REACCIONES El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, señaló ayer que alguien tiene que pedir perdón por la interrupción "violenta" en el informativo regional, ya que "cuando se traspasan determinadas líneas la siguiente puede ser aún más grave". Criticó a los activistas por cortar un servicio público esencial y "violentar" a los trabajadores que ejercían el derecho a la información, con los que se solidarizó. A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Monago aseguró que hay "cauces" para reivindicar, y matizó que este "grave hecho" no es Extremadura, por lo que reclamó que se pida perdón a los trabajadores. En respuesta a estas declaraciones, Cañada señaló que es Monago "quien tiene que pedir perdón por hacerle pasar hambre a la gente", y aseguró que el movimiento va a pedir su dimisión.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, lamentó lo ocurrido y manifestó que parece que se les "ha parado el reloj hace cien años", ya que en la región hay libertad de expresión.

Durante la jornada de ayer, el diputado de IU, Víctor Casco, mostró el "cariño" de su formación a los trabajadores de los medios y abogó por tener en cuenta el contexto que provocó la protesta, la "desesperación que sufren" muchas familias de Extremadura. En Plasencia, miembros del Campamento Dignidad se manifestaron a las puertas del consistorio para apoyar a sus compañeros de Mérida.