Mérida no se escapa de los drones del Catastro. El Ministerio de Hacienda va a revisar a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre del 2017 los más de 9.600 edificios de la ciudad para detectar irregularidades en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a raíz de reformas, ampliaciones o cambios de uso. Las inspecciones consisten en un rastreo desde el aire con satélite y drones y su objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar aquellas que están defraudando en el pago del impuesto.

Los supuestos infractores recibirán una notificación por correo después de la inspección y deberán abonar una tasa de 60 euros, actualizar el recibo del IBI conforme a las características actuales de su vivienda y pagar los atrasos correspondientes a los últimos cuatro años, ya que lo anterior se considera prescrito. En los 224 municipios extremeños en los que la revisión ya ha concluido, los afectados han tenido un incremento medio de 134 euros en el recibo del IBI a los que hay que sumar 338 de atrasos, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

El plan se ha aplicado en el periodo 2013-2016 y Mérida será una de las últimas en acogerse debido a la elaboración de la nueva ponencia catastral el año pasado. Según explicó a este diario la portavoz municipal, Carmen Yáñez, los trabajos para establecer los nuevos valores catastrales ya afloraron «numerosas obras que no estaban declaradas» y no era seguro que el plan contra el fraude fuera a aplicarse en la ciudad.

Las directrices del proceso vienen marcadas por el Gobierno central, que actúa «de la mano de los ayuntamientos», según el ministerio. La actuación se ejecuta por fases periódicas y la lista de las localidades que se revisarán en cada una de ellas se publica antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mérida aparece en el listado que se dio a conocer ayer junto a otros 38 pueblos de la provincia de Cáceres. Al respecto, Yáñez ya señaló que el objetivo de este plan es «que se cumpla la normativa para que cada uno pague de acuerdo al patrimonio que tiene y la modificación que ha hecho de ese patrimonio».

Por ello, afirmó, «el ayuntamiento está abierto a todas las revisiones que se puedan hacer y sobre todo en aquellas viviendas que están de manera irregular, para que se regularicen y paguen como tienen que pagar». Hasta el pasado julio, el ministerio había detectado irregularidades en más de 89.000 inmuebles de la región, lo que ha supuesto un global de 42 millones de euros.