El plan contra el fraude del Catastro ha detectado en la ciudad más de 200 viviendas nuevas sin declarar, tanto en terreno rústico como urbano. Además, las inspecciones que se han llevado a cabo durante el 2018 han aflorado irregularidades en el recibo del IBI en otros 800 inmuebles por reformas o ampliaciones que no han sido comunicadas a la Administración, en el 10% de los casos por la construcción de piscinas. Los datos han sido facilitados por el Ministerio de Hacienda, que destaca los buenos resultados que estos controles realizados con satélite y drones han cosechado en toda España.

De acuerdo a la información facilitada por Hacienda, en Mérida han sido un total de 56.598 los inmuebles revisados a lo largo del año pasado. De ellos, 997 presentaban irregularidades (1,7%), de forma que sus propietarios han tenido que abonar una tasa del 60 euros (para financiar el plan) y ponerse al día en el recibo del IBI, lo que supone actualizar el importe de acuerdo al valor real de la vivienda y hacer frente a los atrasos de los últimos cuatro años (lo anterior se considera prescrito).

La mayoría de los inmuebles que presentaban irregularidades, el 70%, de total, no estaban tributando de la forma correcta tras haberse sometido a una ampliación o reforma integral. En un 20% de los casos se trata de viviendas nuevas, rústicas y urbanas, que no estaban tributando, y en el 10% restante, los propietarios habían construido una piscina de la que la Administración no tenía conocimiento.

RETRASO / Este plan, que se ha venido aplicando en toda España desde el año 2014, ha cosechado muy buenos resultados, según el Ministerio de Hacienda. Mérida ha sido uno de los últimos municipios en acogerse (las inspecciones se realizaron el año pasado) debido a que en 2015 se elaboró una nueva ponencia catastral.

Los controles consisten en visitas presenciales o un rastreo desde el aire con satélite y drones, y a los afectados se les informa de la situación por carta, para que procedan al pago de la tasa y la actualización del recibo del IBI.

Hacienda no ha facilitado datos del impacto económico de la medida, pero solo con el abono de la tasa, la recaudación supera los 60.000 euros.

Desde el ayuntamiento, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, señaló antes de que comenzaran las inspecciones que el objetivo de este plan es que «que se cumpla la normativa para que cada uno pague de acuerdo al patrimonio que tiene».