Facilitar recursos económicos para cubrir necesidades básicas a familias con escasos o insuficientes ingresos económicos». Este es el objetivo del fondo de garantía social, una ayuda de carácter extraordinario que el ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de abril, y de la que se han beneficiado hasta la fecha 106 familias emeritenses. Esta prestación cuenta con 136.000 euros procedentes de fondos municipales y ya se han gastado más de 32.000 euros, por lo que todavía queda presupuesto para continuar prestando esta ayuda.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, destacó ayer que se trata de una ayuda con la que el equipo de gobierno vuelve «a estar al lado de las familias que más lo necesitan». Cabe recordar que la ayuda está destinada a subvencionar productos de primera necesidad, medicinas y productos ortopédicos no cubiertos por la Seguridad Social, así como electrodomésticos de primera necesidad, entre otros.

Los límites de la ayuda están marcados por los conceptos y miembros de la unidad familiar, siendo las máximas cantidades entre 300 y 700 euros. El pago se hace directamente en la empresa o tienda suministradora del producto en cuestión y «nunca recibe esta ayuda directamente la familia que lo necesita».

Entre los requisitos para ser beneficiario destacan el de ser mayor de edad, residir en la ciudad, que la persona no haya recibido una subvención para los conceptos que solicita y los ingresos de la unidad familiar. Según recoge el consistorio en nota de prensa, el 35% de estas ayudas se ha destinado a la adquisición de electrodomésticos de primera necesidad, un 25% a la atención de necesidades básicas, un 17% a productos de medicina y ortopedia, y un 10% a beneficio de los menores.

Por otra parte, la ayuda del programa de atención a la familia persigue atender a las familias con menores en situación de crisis o vulnerabilidad social para así mejorar «las relaciones familiares y obtener una evolución positiva de las familias». Este programa trabaja directamente con las familias y el objetivo es que estas sean «promotoras de sus propios cambios, dándoles herramientas y recursos con el objetivo de preservar la integridad de los menores y de sus familias».

Alarcón avanzó que en lo que va de año se han atendido a 35 familias, de las que 11 ya han sido dadas de baja porque han cumplido con sus objetivos. La ayuda se presta a través de una subvención de la Junta de Extremadura, que asciende a unos 90.000 euros, según la delegada.