El grupo Unidas por Mérida acusó ayer al gobierno local de «vulnerar los derechos de los trabajadores municipales» implicados en la demanda de ruidos en relación con la actividad de varios bares de Mérida, por negarles el derecho de asistencia jurídica. En nota de prensa, Unidas señaló que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que estos trabajadores tienen derecho a la asistencia jurídica y la defensa por parte de la administración, en los casos en los que se vean implicados en alguna causa judicial por el ejercicio legítimo de sus funciones.
El grupo indicó que varios trabajadores municipales se han visto implicados en los últimos años «en diversos procesos judiciales en la condición de imputados o investigados» debido a las demandas interpuestas por vecinos de la ciudad contra la forma en la que el ayuntamiento gestionó las quejas presentadas por los mismos ante los ruidos generados por la actividad de determinados locales. Unidas lamenta que el gobierno local «se ha negado en diversas ocasiones a sufragar los gastos generados por estos procesos», aún cuando se ha producido la absolución de los implicados y las sentencias reconocen su inocencia.
El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, manifestó que el ayuntamiento emeritense «siempre ha defendido jurídicamente a los funcionarios y funcionarias por el ejercicio del desempeño de sus tareas, por lo que cuando se nos requiere la defensa, así lo hacemos». Sobre el caso concreto de uno de los funcionarios, Fuster aseguró que esta persona «dejó de tramitar 107 denuncias que se habían puesto por ruidos», además de que trasladó al consistorio «el pago privado de un abogado y eso nosotros no lo podemos hacer porque jurídicamente es inviable». «Sería absurdo defender plenamente a un funcionario cuando luego podría tener posibles causas de condena por su actuación», apuntó el edil.
