Prisión provisional comunicada y sin fianza para el guardia civil y cuatro de los policías nacionales detenidos en la macrooperación contra el narcotráfico que se inició el pasado martes en Mérida y otros tres municipios de la provincia. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), a los agentes se les atribuyen delitos contra la salud pública y omisión del deber de perseguir delito. El resto de personas que han prestado declaración en Mérida, entre ellos otros dos policías, han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligación de comparecer en el juzgado.
El guardia civil ha prestado declaración este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja (Alicante), mientras que los cinco policías nacionales que también estarían implicados en la trama (la unidad de estupefacientes de la comisaría de Mérida al completo, incluido el inspector jefe) han pasado a disposición judicial en la capital extremeña. Cuatro se han acogido a su derecho a no declarar y para ellos el titular ha decretado prisión provisional. Un quinto agente de la unidad de estupefacientes y otra policía que también fue detenida el jueves por colaboración son los que han quedado en libertad con cargos.
Los agentes han llegado sobre las 10 de la mañana en un furgón escoltado por varios coches de policía camuflados al Palacio de Justicia, cuyo Juzgado de Instrucción Número 3 se ha hecho cargo de las diligencias. La operación Minuro-Peces se inició «hace al menos dos años» en un juzgado de instrucción de Torrevieja por su relación con otro operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha llevado las pesquisas junto a la unidad de Asuntos Internos.
Se ha desarticulado un complejo entramado criminal asentado en la provincia de Badajoz integrado por varias organizaciones que interactuaban entre ellas y dedicado presuntamente al cultivo, procesado, manipulación y posterior distribución de marihuana.
El pasado martes se puso en marcha un importante dispositivo en las localidades de Mérida, Valdelacalzada, Esparragalejo y La Garrovilla (donde estaba destinado el guardia civil) por el que fueron detenidas 25 personas, si bien la cifra se eleva ya a 30. Se realizaron 20 registros domiciliarios y se desmantelaron cuatro plantaciones de marihuana con más de 3.000 plantas, entre otros útiles para el cultivo.
Juzgados de Mérida y Alicante
Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, los detenidos en el marco de la operación comenzaron a pasar a disposición judicial en la noche de este pasado jueves. Así, en las últimas 24 horas han declarado como investigadas 10 personas en Mérida, de las que seis (cuatro ciudadanos y dos policías) han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligación de comparecer en el juzgado y cuatro (policías) ingresarán en prisión.
Otros ocho de los 30 detenidos, entre ellos el guardia civil, pasaron a disposición judicial en Alicante. Para seis de ellos, incluido el agente, el magistrado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza. Las otras dos personas han quedado en libertad provisional con medidas cautelares de retirada de pasaporte, obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes y la prohibición de salir del territorio nacional.
Ante la gravedad de los hechos, la Confederación Española de Policía (CEP) ha hecho público un comunicado para lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza. La organización recuerda que los ciudadanos llevan años posicionando a la Policía Nacional como una de las instituciones más valoradas de España «y estos hechos no deben ensombrecer la labor diaria de este colectivo». Tras apelar al derecho de presunción de inocencia, desde la CEP han mostrado su «total confianza» en el trabajo desarrollado por la Unidad de Asuntos Internos para «erradicar actuaciones puntuales que rebasan la legalidad».
