El Ayuntamiento de Mérida deberá pagar 932.201 euros a la empresa concesionaria del servicio del transporte urbano Vectalia por el exceso de kilómetros que la entidad contabilizó en 2017, ya que se situaban por encima de lo recogido en el acuerdo contractual que rubricó en 2013 con el anterior Gobierno municipal del PP. La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, informó ayer sobre este asunto en la sesión plenaria, ya que para hacer frente al pago de esta cuantía se hará uso del remanente positivo de tesorería de 2020 y para ello era necesario aprobar una modificación de crédito.
«El Tribunal de Cuentas no nos permitía la bonificación o el pago de esta factura y la empresa tuvo que reclamarlo vía judicial», explicó Yáñez. Cabe recordar que el contrato inicial con Vectalia establecía una reducción paulatina de kilómetros desde el inicio de la concesión del servicio del transporte urbano hasta el 2021 que afectaba a la calidad del servicio. Por ello, el actual equipo de gobierno llegó a un acuerdo con la empresa en 2018 para modificar el contrato y disponer de casi 200.000 kilómetros más anuales en el autobús urbano para mejorar la calidad del servicio. En compensación, desde este año hasta el final del contrato, la zona azul y verde tienen dos horas y media más de pago de lunes a viernes.
Sobre esta cuestión también se pronunció el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien señaló que aunque «nos duela» tener que pagar esa elevada cuantía a Vectalia es por «un contrato que estaba mal hecho, porque no se pensó que la disminución de los kilómetros podría dañar al servicio de transporte público». Yáñez desgranó que de los 932.201 euros que hay que abonar, 195.000 corresponden a los intereses generados en el procedimiento, al haberse demorado porque inicialmente fue por la vía administrativa.
Inversiones en la ciudad
Este asunto se trató en el punto del orden del día relativo a la aprobación de una modificación de crédito por valor de 1.982.676 euros procedentes del superávit de las arcas municipales de 2020, que ascendió a unos 10 millones y que se quedará «a cero» tras este trámite. Además del dinero que se abonará a Vectalia, Yáñez informó sobre otros proyectos con cargo a este 1,9 millones del remanente positivo. En concreto, se destinarán 10.500 euros para la instalación de bucles magnéticos en edificios municipales; 120.000 euros para ampliar las ayudas destinadas al pago de los mínimos vitales; 430.955 euros para la rehabilitación de una barriada (sin especificar) a través del arte urbano; 260.000 euros para acometer una obra de mejora de la accesibilidad en el centro cultural Alcazaba; y 229.000 euros para el suministro de mascarillas a los escolares.
Por otra parte, el pleno municipal rechazó la moción suscrita por el grupo de Unidas por Mérida para la creación de un programa municipal de atención a la familia. Tampoco salió adelante la moción presentada por el PP para instar al Gobierno de España a licitar las obras de ampliación del museo romano, las del desdoblamiento de la N-630 y la recuperación del proyecto del museo visigodo.
Por contra, destacar que se aprobó por unanimidad la presentación de la candidatura del Ayuntamiento de Mérida a los Premios Reina Letizia, en la categoría de accesibilidad y diseño universal en municipio. También se dio luz verde a una moción de Unidas para solicitar una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, a petición de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).
Personas con discapacidad
El pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional de armonización de la política local a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. La delegada de Diversidad Funcional e Inclusión, Susana Fajardo, leyó la declaración en la que el consistorio «adquiere el compromiso de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad en la localidad de Mérida».
También se compromete a «promover el respeto de su dignidad inherente conforme a lo estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», según se recoge en el texto. Así se puso de manifiesto durante el primer pleno presencial tras 18 meses realizándose de manera virtual por la pandemia, y al que acudieron todos los integrantes de los grupos políticos.
En la declaración se garantiza también «la igualdad y la no discriminación» por motivos de discapacidad, así como la «lucha contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas contra este colectivo», garantizar la accesibilidad universal, derecho a una vida independiente y a ser incluida en la sociedad, libertad de opinión y acceso a la información y el derecho a la educación, trabajo y empleo, entre otros ámbitos.
