La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha avanzado hoy que 26 de los 28 alumnos del Colegio Juan XXIII de Mérida ya tienen su plaza "garantizada" en otros centros educativos de los ciudad. De estos, el 80% ha optado por centros públicos y el 20% de la concertada, por lo que "la distribución entra la publica y la privada es equilibrada, y no hay ningún agravio". Así se ha pronunciado Gutiérrez en una comparecencia en la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la decisión "necesaria e irrevocable" de cerrar el colegio, en respuesta a una petición conjunta de Ciudadanos y Unidas por Extremadura.
En su intervención, Gutiérrez ha reiterado que el centro sufre de problemas de matriculaciones, absentismo y promoción educativa, pese a los apoyos y el esfuerzo del equipo docente. "Las familias y alumnos de este centro no están disfrutando de la igualdad de oportunidades que merecen", ha subrayado la consejera, quien ha defendido que a estos estudiantes hay que ofrecerles una oportunidad mejor en otros centros, en un entorno más integrador y con una educación más completa.
Para el diputado de Unidas por Extremadura Francisco Macías, el cierre del colegio es "incomprensible" si los socialistas comparten la defensa de la educación pública, pues ha destacado que el Juan XXIII no ha sido el primer colegio público que cierra la consejería ni será el último, debido al descenso progresivo de la natalidad. También ha criticado la competencia que hay en la zona por parte de la enseñanza concertada, que sin embargo no sufre problemas con las matriculaciones.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez ha manifestado que "prescindir" de un colegio en un zona deprimida es un "error" porque crea "desafección" con el barrio. A su juicio, se deben buscar fórmulas para "revitalizar el centro", para evitar que estos alumnos reubicados pierdan a sus amigos y "esa parte de vivir el barrio". Asimismo, ha propuesto un proceso de participación ciudadana para el nuevo uso del edificio. En este punto, destacar que Gutiérrez ha reiterado que el inmueble va a seguir teniendo un uso educativo.
La diputada del Grupo Popular Pilar Pérez ha criticado la política de "hechos consumados" de los socialistas, al decidir de "manera unilateral" el cierre del centro, a pesar de ser los mismos que "se ponían las camisetas verdes" en las protestas en defensa de lo público. Pérez ha apostado por aprovechar el descenso demográfico para bajar la ratio y mantener abierta la escuela rural y centros como este de Mérida.
Sobre este asunto también se ha pronunciado hoy el grupo municipal Unidas por Mérida, que ha exigido al gobierno municipal que atienda las peticiones de los responsables del Centro de Educación para Adultos Legión V y los sindicatos en las que muestran su oposición al traslado de este centro al Juan XXIII. Según indica, las centrales sindicales advierten del déficit de servicios públicos en el barrio, tales como el "mal funcionamiento" del transporte de urbano y el trastorno que podría ocasionar el traslado.
La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha señalado que el consistorio atiende las peticiones del CEPA Legión V al proponer su traslado a las instalaciones del Juan XXIII, dadas las "necesidades de espacio que el centro ha venido planteando desde hace tiempo". Ha considerado a a su vez que Unidas por Mérida se "contradice" cuando demanda presencia en los barrios y se posiciona en contra del traslado del CEPA.
