Continúa la polémica en torno al proyecto de las Concepcionistas. El peluquero Manuel Romero, alias ‘Willy’, que ocupa el último de los locales comerciales del convento, acudirá a los tribunales para que el juez resuelva sobre su desalojo tras haber obtenido ya una sentencia favorable sobre los derechos del alquiler y agotar la vía administrativa con el Ayuntamiento de Mérida.
Según ha podido confirmar este diario, la próxima semana sus abogados presentarán un recurso al Tribunal Contencioso-Administrativo, al que solicitarán además medidas cautelares para que el derribo previsto no se lleve a efecto.
Después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Mérida reconociera a Willy los derechos del alquiler sobre el local comercial, el ayuntamiento inició los trámites para la expropiación forzosa justificada en el interés público del proyecto. Romero recurrió, pero sus alegaciones han sido desestimadas por el consistorio y finalmente interpondrá un recurso contencioso-administrativo.
Entiende que la actuación municipal no se ajusta a derecho, entre otras cuestiones porque se está resolviendo en la Junta de Gobierno Local y no en el pleno municipal. Willy solicitará además una paralización cautelar de las actuaciones previstas. Si el juez lo autoriza (los letrados estiman que será en el plazo aproximado de un mes), el ayuntamiento se vería obligado a paralizar el proyecto de reforma para este entorno, uno de los hitos de esta legislatura.
La obra ha sido recientemente adjudicada a las empresas Díaz Cubero y Al Senera por 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. El contrato aún no se ha formalizado porque una de las empresas aspirantes, Extraco Construccións e Proxectos, ha recurrido la adjudicación alegando que la oferta ganadora supone una baja desproporcionada sobre el precio de licitación. Pero el contrato se formalizará en breve, porque estas alegaciones también han sido desestimadas.
La remodelación de este entorno ha levantado ampollas también entre los grupos de la oposición, que asegura que no se van a realizar catas arqueológicas pese a ser zona de especial protección. Unidas por Mérida, el grupo municipal de IU y Podemos, también ha anunciado que presentará un recurso en este sentido.
