El juicio por el desalojo de la peluquería del convento de las Concepcionistas tendrá lugar el próximo mes de junio. Según informó ayer el afectado, Manuel Romero ‘Willy’, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no ha aceptado la paralización del derribo, pero sí ha admitido a trámite el recurso que ha interpuesto solicitando la nulidad del procedimiento expropiatorio que ha iniciado el Ayuntamiento de Mérida.
«El auto dictado (respecto a la demolición) no da ni quita la razón a ninguna de las partes en el objeto principal del caso. Por tanto, no es cierto que ponga las cosas en su sitio», indica Willy en respuesta a las últimas declaraciones de la portavoz municipal, Carmen Yáñez. Al respecto, explica que el recurso interpuesto al Contencioso solicita la nulidad del procedimiento, pero «no se discute ni la indemnización que corresponda por la expropiación de los derechos arrendaticios ni la obra en el convento».
El juicio ha sido señalado para el próximo mes de junio y frente a los argumentos municipales, Willy recuerda que en los dos procesos judiciales previos, por consignación de rentas y por desahucio, el juzgado le dio la razón a él y desestimó las pretensiones municipales.
A la espera de indemnización
Según indicó Yáñez este pasado lunes, el consistorio espera ahora la valoración económica del Tribunal de Valoración de la Junta para que especifique la cuantía que se le debe abonar al arrendatario, a quien no se niega «el dinero que por justicia corresponda». Pero en ningún caso, insiste, se debe paralizar la obra por un interés particular que perjudica a la ciudadanía».
Entretanto, las polémicas obras para la reforma de la plaza del convento de las Concepcionistas comenzaron a finales de abril . En la fachada posterior del inmueble ya luce el cartel y desde hace varios días hay operarios realizando trabajos en el interior sobre el terreno. El primer paso antes de la demolición será la retirada del amianto de la cubierta, para lo que ya se han tramitado los permisos ante la dirección de Industria de la Junta de Extremadura.
Yáñez apunta que también han tenido ya acceso al interior del edificio los arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para realizar las catas. La obra se ha adjudicado a las empresas Díaz Cubero y Al Senera por 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. No disponer aún de los derechos arrendaticios no es impedimento para que los trabajos comiencen y tampoco para llevar a cabo la demolición prevista del inmueble, siempre que no se afecta a ese espacio en concreto hasta que se resuelva el litigio.
