Los acusados por el accidente del tren en Carmonita en 2010 evitarán la cárcel tras un acuerdo

La fiscalía, acusación particular y defensa han llegado este lunes a un acuerdo por el que el los cuatro acusados del accidente ferroviario que se produjo en 2010 en Carmonita, y en el que perdieron la vida dos personas, ven reducida la condena a seis meses de prisión y entre 18 y 34 meses de inhabilitación profesional. El Ministerio Público solicitaba tres años y nueve meses de prisión, sin embargo, se ha producido una rebaja de las penas al aplicarse como atenuante las dilaciones indebidas del procedimiento.

Las partes han estado negociación durante la mañana en la sala del jurado del Palacio de Justicia de Mérida y finalmente se ha llegado a una conformidad en el apartado penal. En la vista, los cuatro responsables de seguridad de las obras del tren que se estaban ejecutando en el momento del accidente han reconocido los hechos y se han mostrado conforme con las penas. Por contra, las aseguradoras no han logrado alcanzar un acuerdo en torno a las indemnizaciones, por ello, el próximo jueves se celebrará un juicio para dirimir sobre la responsabilidad civil.

El lunes arranca en Mérida el juicio por la tragedia ferroviaria de 2010 en Carmonita

El accidente se produjo el 6 de septiembre de 2010 al colisionar un tren y un camión que trabajaba en las obras del AVE. Los fallecidos fueron Olga Núñez, una joven de 19 años de Mérida que iba en el convoy, y el conductor del vehículo siniestrado Eduardo Durán, que tenía 25 años y era de La Garrovilla. También resultaron heridas 10 personas. Uno de los acusados es el piloto de seguridad de Preman Servicios Auxiliares, la entidad subcontratada por la adjudicataria de las obras (la UTE formada por Sacyr y Cavosa), que estaba encargado de abrir y cerrar el paso a nivel. Para la Fiscalía, este incumplió sus funciones al no cerrar el paso cuando debía.

En el banquillo también se han sentado el responsable de seguridad de Sacyr, que no advirtió de la necesidad de establecer un procedimiento de trabajo que regulara el tránsito de vehículos por el paso a nivel provisional; el jefe de obra de Epsa Internacional, la subcontrata para que la trabajaba Eduardo, cuyas instrucciones contradijeron la consigna de Adif (promotora de la obra) sobre el paso a nivel; y el coordinador de seguridad y salud de la obra designado por Adif, que trabajaba para la empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos, cuyo plan de seguridad no contemplaba la existencia y utilización de los pasos provisionales. Un jefe de riesgos laborales de Preman también había sido acusado por los abogados de las familias de los fallecidos, pero este lunes han retirado la acusación sobre él.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 126.750 euros para los padres de Olga, 106.000 para la viuda de Eduardo y 45.000 para su hijo. Para los heridos, las cuantías fijadas oscilan entre 210 y 13.410 euros. Por su parte, Renfe tendría que recibir 3,36 millones de euros por los desperfectos ocasionados en el tren. La fiscal del caso, Carolina Coronado, ha destacado que este tipo de delitos "las cuantías son muy importantes" y habría que sumar los intereses, que las elevan de manera considerable.

Para Alicia Correa Santos, abogada de la familia de la joven fallecida, aunque después de tantos años se haya alcanzado un acuerdo, este deja "un sinsabor". Para los familiares de la víctima, que han permanecido durante toda la mañana a las puertas de la sala judicial, hay un sentimiento de insatisfacción porque "después de los años pasados parece que es corta la pena". "Pese a ello, creo que al final ha sido la mejor opción y todo el mundo a puesto de su parte para que fuera así", ha subrayado.

Sobre los motivos por los que se ha demorado tanto en el tiempo este procedimiento judicial, la fiscal ha apuntado al propio "funcionamiento y obstáculos" en la tramitación judicial de los procedimientos. "Es una oficina judicial limitada, tanto en el juzgado de instrucción como el penal, y ya no es por los encausados que no eran tantos, pero sí que había muchas aseguradoras y responsables civiles subsidiarios. Ya se suspendió el juicio en una ocasión porque era difícil, había 48 testigos", ha señalado. "En 2013 llegué a la Fiscalía y hasta 2016 no entró este caso para que hiciera el escrito de acusación. Creo que tenemos que cuidar más el tema de la burocracia y el papeleo de la justicia", ha destacado.

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