RECURSO DE CASACIÓN
PIDE recurre al Supremo el cierre del colegio Juan XXIII de Mérida
Insiste en que la Junta ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. El Alto Tribunal deberá pronunciarse en un plazo de nueve meses
El sindicato docente PIDE recurrirá al Tribunal Supremo el cierre del colegio público Juan XXIII después de que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) diera la razón a la Consejería de Educación. Según explica el sindicato, están preparando un recurso de casación ante el Supremo, que deberá pronunciarse sobre el asunto en un plazo de nueve meses.
PIDE insiste en que con el cierre de este colegio la Junta de Extremadura ha vulnerado la negociación colectiva «y por tanto el derecho a la libertad sindical», al no haber negociado con los agentes sociales la baja del centro de la plantilla orgánica y la composición de unidades docentes para el curso escolar 2022/2023.
La Consejería de Educación anunció el cierre del colegio en febrero de 2022 por la falta de alumnos, una decisión que pese a las protestas sindicales y de los padres, se materializó al finalizar ese mismo curso, el pasado mes de junio. El centro contaba entonces con 39 alumnos (el 12% de su capacidad), sin que desde el año 2016, justificó Educación, se recibieran más de dos nuevas peticiones de ingreso por curso. Tanto los alumnos como los profesores fueron reubicados en otros centros.
"Decisión unilateral y errónea"
PIDE, que tilda la decisión de la Junta de «unilateral y errónea», denunció el cierre del colegio ante el TSJEx, pero en una sentencia emitida el pasado mes de enero, el tribunal ratificó la decisión de la consejería y en base al número de matriculaciones, determinó que había actuado de forma justificada. La Sala también indicó que la clausura del centro responde a una cuestión organizativa del servicio educativo que no afecta al derecho a la negociación colectiva del sindicato denunciante.
El vicepresidente de PIDE, Alfredo Aranda, ya avanzó entonces que interpondrían un recurso de casación ante el Supremo y que si este tampoco les da la razón, irán al Tribunal Constitucional o a Europa. «No se puede cerrar un centro público completo como el Juan XXIII cuando tienes tres concertados al lado, uno de ellos limítrofe. No puedes dejar que lo público se muera y seguir con conciertos con centros privados», reitera Aranda.
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