El Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida ha establecido en concepto de responsabilidad civil el pago de 3.795.809 euros más los intereses legales a Renfe, los diez heridos y los familiares de los dos fallecidos por el choque de un tren con un camión en la localidad pacense de Carmonita, en el año 2010. Según lo recogido en la sentencia, 3,3 millones de euros irán a parar a Renfe, 346.000 euros a los familiares y 85.441 euros a los heridos.
A estas cantidades, se sumarán los intereses de demora adscritos "a la falta de consignación por las aseguradoras, dentro de los plazos legales, de las cantidades que venían obligadas a satisfacer" a los perjudicados. De hecho, "la dilación indebida" del juicio, que se ha desarrollado más de 12 años después del accidente, ha servido como atenuante de las penas para los acusados, pero supone un "incremento sustancial" para las cuantías económicas.
De las indemnizaciones se harán cargo de forma subsidiaria las aseguradoras de las empresas de los cuatro trabajadores condenados en esta causa que eran responsables de seguridad y prevención de la obra que se estaba realizando en las inmediaciones de la vía, así como del control del paso a nivel. Un quinto trabajador fue absuelto. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
Cabe recordar que la fiscalía, acusación particular y defensa llegaron a un acuerdo el pasado 16 de enero por el que el los cuatro acusados del accidente vieron reducida la condena a seis meses de prisión y entre 18 y 34 meses de inhabilitación profesional. El Ministerio Público solicitaba tres años y nueve meses de prisión, sin embargo, se produjo una rebaja de las penas al aplicarse como atenuante las dilaciones indebidas del procedimiento.
En la vista celebrada en el Palacio de Justicia de Mérida, los cuatro responsables de seguridad de las obras del tren que se estaban ejecutando en el momento del accidente reconocieron los hechos y se mostraron conforme con las penas. Por contra, las entidades aseguradoras no lograron alcanzar un acuerdo en torno a las indemnizaciones.
Una semana más tarde, se celebró el juicio para dilucidar la responsabilidad civil. La Fiscalía pedía una indemnización de 126.750 euros para los padres de Olga Núñez, una joven de 19 años de Mérida que iba en el convoy; 106.000 para la viuda de Eduardo Durán, que era el conductor del convoy siniestrado, y 45.000 para su hijo. Para los heridos, las cuantías fijadas oscilaban entre 210 y 13.410 euros. Renfe tendría que recibir 3,36 millones por los desperfectos ocasionados en el tren.
