Una constructora de Sevilla adquiere la urbanización Los Álamos de Mérida

Nueva vida para la urbanización Los Álamos. Una constructora de Andalucía ha adquirido los bloques de pisos que están a medio construir en El Prado con el objetivo de terminar las viviendas, 210 en total, y ponerlas al mercado «en los próximos meses». La urbanización, situada justo a la entrada de la autovía A-5, es la seña del estallido de la burbuja inmobiliaria en Mérida. La empresa promotora del proyecto fue Sevinova y desde su quiebra en el año 2013 no han cesado las polémicas en torno a su posible conversión en viviendas sociales.

El coste de terminar la urbanización está cifrado en 14 millones de euros: a día de hoy «no se puede validar más del 25% de lo construido»

Quien ha adquirido los terrenos es Grupo Rusvel, que se define en su página web como «el grupo familiar más antiguo y diversificado de Andalucía». Entre sus áreas de negocio destacan la construcción, el desarrollo inmobiliario o la gestión del agua y los residuos.

Según informa El Economista, la operación de Los Álamos se ha cerrado a través de la división de desarrollos inmobiliarios, RGI, y supondrá el desembarco del grupo andaluz en el mercado inmobiliario extremeño. El vendedor de los solares es la inmobiliaria Coral Homes, propiedad del fondo Lone Star, que cuenta con una amplia cartera de Caixabank. 

Viviendas okupadas

Como se recordará, estas viviendas fueron objeto de okupación por parte del Campamento Dignidad, dentro de las protestas que siguieron a la crisis económica de 2008 contra los desahucios. IU y Podemos siempre han tratado de que la Administración adquiriera los inmuebles, en concurso de acreedores, para transformar los 200 pisos «abandonados a su suerte» en viviendas sociales. Llegaron a presentar incluso iniciativas en este sentido en la Asamblea de Extremadura, pero nunca llegaron a buen puerto. 

La última moción sobre el tema se debatió en el pleno municipal en mayo de 2021 y fue rechazada por el PSOE. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, cifró entonces en más de 14 millones de euros el coste de terminar la urbanización, ya que a día de hoy «no se puede validar más del 25% de lo construido».  

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