El Ayuntamiento de Mérida sopesa recurrir la sentencia que anula el contrato de las Zonas de Bajas Emisiones

Hace un par de días trascendió a la opinión pública que la Justicia extremeña había anulado el expediente de contratación de los recursos técnicos (cámaras y sensores de vigilancia) para instalar los elementos de las Zonas de Bajas Emisiones en varios puntos de la ciudad  tras un recurso presentado contra la delegación de Urbanismo del ayuntamiento. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) es que el mencionado contrato no es conforme a la ley al conllevar modificaciones en las vías públicas emeritenses que deberían haberse regulado antes con una ordenanza, según informó a este periódico Fondenex. El colectivo ciudadano del mismo modo había denunciado que los aparatos tecnológicos "no presentan autorización legal para su colocación y la ordenanza obligatoria todavía no está aprobada".

La Justicia extremeña cuestiona la instalación de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida y anula el contrato

Respuesta del consistorio

En este sentido, el concejal de Seguridad, Felipe González, ha contestado al presidente del Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, Paco Blanco, por sus declaraciones en las que aseguró que las ZBE en la localidad no tienen sentido al no haber "problemas de polución atmosférica y lo que se pretendía por parte del consistorio es el control de los ciudadanos", por lo que el TSJEx decidiera estimar el recurso para tumbar el contrato de adquisición de los elementos.

Echa a andar la instalación de 61 cámaras de vigilancia y sensores repartidos por Mérida para controlar las zonas de bajas emisiones

Recurrir la sentencia

González ha asegurado que el Gobierno local sopesa recurrir la sentencia, pero ha afirmado que el fallo del TSJEx "no va anular ni influir en la instalación de las Zonas de Bajas Emisiones porque aún no está aprobada la ordenanza reguladora y fiscal que la pondría en marcha". El delegado socialista ha indicado que se está trabajando en ella con "la elaboración del plan de movilidad urbana y sostenible, un requisito indispensable" para su legislación. Finalmente, las palabras del concejal han manifestado también que "una cosa es el expediente de un contrato y otra totalmente diferente son las ZBE".

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