La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida

La Audiencia Provincial de Badajoz ha revocado el auto del Juzgado nº 1 de Mérida que archivó la denuncia presentada por Fondenex contra el ayuntamiento de la capital extremeña y el Consorcio de la Ciudad Monumental emeritense por las posibles irregularidades en las obras de la céntrica plaza de la Basílica de Santa Eulalia. La resolución (Auto 505/2025) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura y ha avalado la continuación de las diligencias en el proyecto que se llevó a cabo para reformar el enclave. En un comunicado remitido por el colectivo, han asegurado que denunciaron "presuntos delitos de prevaricación administrativa, usurpación de funciones y contra el patrimonio histórico derivados de estas actuaciones. Tras el archivo inicial acordado por el Juzgado nº 1 de la capital regional, la asociación recurrió, y ahora la Audiencia considera fundada su impugnación".

“Argumentación jurídica suficiente”

En su auto, el tribunal ha señalado que el recurso expuesto por Fondenex “plantea una crítica fundada” al sobreseimiento y que la entidad ha aportado “argumentación jurídica suficiente” para continuar con la tramitación de las diligencias. Además ha añadido que, en aplicación del principio in dubio pro actione y del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “procede revocar el auto de sobreseimiento y continuar la instrucción”. Del mismo modo, la Audiencia ha ordenado practicar las diligencias solicitadas por el colectivo, entre ellas: La acreditación de la autorización expresa de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura para la ejecución de la obra, la documentación que demuestre la competencia del Consorcio de la Ciudad Monumental para autorizar actuaciones en Mérida y la licencia municipal de obras correspondiente al mencionado proyecto.

Vulneración de ley

Por último, según Fondenex, el proyecto impulsado por el consistorio emeritense para transformar el atrio de Santa Eulalia podría vulnerar diversos preceptos de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, de la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999 y de los estatutos del Consorcio. La entidad ha recordado que el Consorcio tiene la función de informar a la Consejería de Cultura y no la de autorizar intervenciones en el conjunto histórico y arqueológico de la capital autonómica.

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