Tarragona se fija en Mérida para relanzar su patrimonio histórico y cumplir su promesa a la Unesco

Tarragona quiere que su patrimonio romano esté a la altura de los conjuntos históricos de Mérida o Cuenca. Con 570.000 visitantes anuales a los monumentos romanos con sello de Patrimonio Mundial, se hace necesaria una estrategia conjunta de las administraciones que cumplir el requerimiento de la Unesco de gestionarse mediante un consorcio público. A falta de casos equivalentes en Catalunya, la ciudad se ha fijado en la capital extremeña, a cierta distancia en términos de visitas, con poco más de 400.000 al año, pero mucho más avanzada en la creación de un órgano transversal de gestión del patrimonio.

Este domingo, 30 de noviembre, se cumple un cuarto de siglo desde que la Unesco, reunida en Paris, decidió que el pasado monumental de Tarragona debía pertenecer a toda la Humanidad, y colocó Tarraco en un espacio privilegiado de su lista representativa del Patrimonio Mundial. Hasta ahora, la ciudad mantenía una deuda pendiente con el organismo internacional, que obliga a las administraciones públicas de cada territorio a agruparse para velar juntas por la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio. Tarragona, como única ciudad catalana con la medalla internacional, ha abanderado la reclamación de un consorcio ante la Generalitat y el Estado hasta que, ahora que se cumple la efeméride, ha sido posible desencallarlo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaban este septiembre la creación del Consorcio de Tarraco. El nuevo órgano encara un 2026 muy trascendental en el que se deberán establecer la plantilla de personal, el organigrama, el traspaso de la gestión de los monumentos, las plazas públicas de dirección y el destino de las inversiones. Estará totalmente operativo el 1 de enero de 2027.

La alianza es pionera en Catalunya y observa como referentes a las ciudades de Mérida (Extremadura) y Cuenca (Castilla-La Mancha) -que también fueron capitales de la Hispania romana- y sendos consorcios. Los tarraconenses aspiran a desarollar un modelo nuevo, "adaptado a las características propias y al contexto de Tarragona", en palabras del concejal de Patrimonio tarraconense, Nacho García Latorre, que ya revela algunas diferencias importantes.

Mérida ha sido clave para importar la fórmula consorcial: la asociación extremeña nació en 1996 respondiendo a una necesidad política, tras conseguir la declaración de la Unesco sólo tres años antes. Los primeros antecedentes de alianzas administrativas se encuentran ya en la década de 1960. "Mérida tiene un patrimonio vivido, porque muchos de los restos tienen más de 2.000 años, pero también es un patrimonio vivo, porque esos espacios todavía se utilizan hoy en día. Nuestra responsabilidad es garantizar la conservación del patrimonio, nos pagan para eso", dice el director del Consorcio de Mérida, Félix Palma.

El presupuesto: insuficiente o punto de partida

La principal diferencia entre los consorcios de Mérida y de Tarragona estará en los presupuestos operativos. Mientras que el extremeño recibió en 2024 unos 6,5 millones de euros, el tarraconense arrancará con solo 3,9 millones de euros, aportados por la Generalitat y el Ayuntamiento. Y es que Mérida cuenta con aportaciones tanto públicas como privadas: de hecho, solo entre el 10% y el 12% del total procede de las cinco instituciones consorciadas, que son el ayuntamiento, la Diputación de Badajoz, la Asamblea de Extremadura, la consejería autonómica de Cultura y el Ministerio de Cultura.

"El presupuesto es uno de los problemas que tenemos, nos hacen falta inversiones de las administraciones públicas; el Consorcio al final es un compromiso firme y decidido, que es lo importante", afirma Palma. De este modo, el 90% del presupuesto anual (5,85 M€) procede de las aportaciones privadas, entre las que se cuentan principalmente las entradas de los visitantes y los tributos de particulares o empresas, como el alquiler y las tasas por el uso de los monumentos. En Tarragona, García Latorre confirma que el consorcio "buscará inversiones privadas o cobrar por eventos particulares", lo que podría aumentar generosamente los fondos propios. Pero apunta que, de momento, eso son "futuribles con los que no se puede contar". "El presupuesto no dependerá de la aportación privada", asegura el concejal.

Ser o no ser Partimonio Mundial

Otro elemento diferencial es la propiedad de los monumentos. La lógica de Mérida es simple: el consorcio engloba todos los centros visitables dentro del término municipal, ya sean restos arqueológicos o museos. Esto incluye tanto los elementos icónicos de la ciudad, como el Teatro Romano o el Anfiteatro, como monumentos de otras épocas históricas. "Reivindicamos la importancia de la ciudad más allá del periodo romano, no discriminamos los monumentos por no ser romanos porque lo que queremos es que la gente venga a Mérida y se quede cuantas más noches mejor", asegura Félix Palma.

Por contra, en Tarragona el consorcio incorporará solo el conjunto que es Patrimonio Mundial, incluyendo monumentos fuera de la ciudad y situados en las poblaciones vecinas de Constantí, Roda de Berà y Altafulla (Tarragonès), todo de época romana. García Latorre explica que inicialmente se planteó que el consorcio asumiera todo el patrimonio de la ciudad, arqueológico y artístico, pero se valoró que lo mejor era separarlo: "No hemos querido ir más allá porque Tarragona tiene unas características especiales; la mejor gestión es la que tenemos ahora, por separado".

Esto genera, a su vez, otra necesidad: mientras que el ente de Mérida tiene 94 trabajadores permanentes, entre historiadores, arqueólogos, abogados, economistas, taquilleros y vigilantes, y otros 20 temporales, Tarragona destinará el 2026 a definir qué personal del actual Museu d'Història pasará al consorcio. Entre estos y el personal que aporte la Generalitat, sumará "un mínimo de 90 personas" en el nuevo organismo. El Ayuntamiento deberá mantener el departamento de patrimonio histórico, que gestionará los monumentos sin estatus de Patrimonio de la Humanidad.

El modelo de gobernanza

En contraste, la principal semejanza entre los consorcios será el papel de las administraciones y la fórmula de dirección. En ambos casos habrá un comité ejecutivo, en manos de la ciudad y con presencia de los principales actores. En Tarragona, estará presidido por el alcalde y tendrán representación el Ayuntamiento, la Generalitat y la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que serán las tres patas del consorcio. El comité ejecutivo incluirá el director ejecutivo y el gerente y tratará los temas del día a día: gestión, visitas, entradas, mantenimiento, permisos, etc.

Por encima del comité habrá el consejo superior, aquí sí, con representación de todas las administraciones implicadas: tanto las tres consorciales como las que tengan un convenio, como será el caso del Ministerio de Cultura y la Diputació, sin propiedades pero con aportación económica. Aquí también entra el Arzobispado de Tarragona, propietario del recinto de culto y de una importante parte de la muralla. "Tenemos que ver cuál es la mejor fórmula jurídica para integrar a la Iglesia y cómo se puede beneficiar de las inversiones", indica el concejal.

Siguiendo las directrices de la Unesco, Tarragona gesta un consorcio para asimilarse a las otras ciudades hispanas del Imperio Romano. Ya no solo con respecto a la colaboración política (es la primera vez que todas las administraciones se dan la mano por un objetivo común en términos de patrimonio), sino también a nivel económico, lo que garantizará que el legado histórico de Tarraco se pueda conservar, mantener, difundir y ampliar. Para García Latorre, el futuro ente pondrá solución a la diversidad de administraciones, propiedades y hojas de ruta que ha creado "un déficit muy importante de inversiones" y dará paso a un "relato único de ciudad" para explicar al visitante el conjunto del patrimonio romano.