Fondenex y Demomapex
La ZBE de Mérida vuelve a ser cuestionada por su base legal y la participación ciudadana
El Gobierno local aprobará este mes en un pleno extraordinario la Zona de Bajas Emisiones, una decisión que reaviva de nuevo las críticas
Uno de los dispositivos de vigilancia instalados en Mérida. / Alberto Manzano
Mérida aprobará este mes, en un pleno extraordinario, su Zona de Bajas Emisiones, una decisión que ha reavivado las críticas de Fondenex y Demomapex, que cuestionan la base legal de la medida impulsada por el ayuntamiento. Según sostienen, no es cierto que la implantación de la ZBE sea obligatoria, ya que la normativa europea solo la exige en municipios de más de 50.000 habitantes cuando existen problemas acreditados de contaminación atmosférica. Aunque la localidad supera ese umbral poblacional, las entidades subrayan que no presenta niveles de polución que justifiquen la implantación, recordando que la Junta certifica que es la ciudad con mejor calidad del aire de la región y que, según el Ministerio para la Transición Ecológica, Extremadura es la comunidad con la menor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero en España.
Falta de participación pública
Las organizaciones también denuncian una falta de participación pública en la elaboración del proyecto. Fondenex presentó el pasado noviembre una reclamación previa al considerar que no se ha garantizado el derecho de la ciudadanía a acceder con antelación a la información ni a formular alegaciones cuando el proceso aún estaba abierto, tal y como recogen la normativa estatal y europea. A su juicio, el proyecto de ZBE, su memoria justificativa y la ordenanza municipal se hicieron sin un proceso real de participación ciudadana, lo que, según defienden, podría acarrear su nulidad de pleno derecho.
Cámara y radar de tráfico en un punto de la ciudad. / Alberto Manzano
Cámaras biométricas de 360
Por último, los colectivos alertan sobre la instalación de cámaras biométricas de 360 grados vinculadas a la ZBE, al entender que no guardan relación con la mejora de la calidad del aire y que podrían vulnerar el derecho a la intimidad. Además, recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró recientemente no ajustado a derecho el proceso de adjudicación y contratación de estas cámaras, con condena en costas al consistorio, estando aún pendiente de resolución un recurso relacionado con su apagado. Ambas entidades agotarán todas las vías legales para frenar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
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