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El pleno aprueba la medida sin apoyo de la oposición

Osuna defiende la ZBE en Mérida: "No hay afán recaudatorio"

El alcalde de la capital extremeña anuncia un periodo transitorio antes de aplicar multas

Señalización de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida, con la imagen del alcalde Antonio Rodríguez Osuna.

Señalización de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida, con la imagen del alcalde Antonio Rodríguez Osuna. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) responde a un requisito obligatorio impuesto por la Unión Europea para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, una normativa que el Ayuntamiento de Mérida señaló que debía cumplir. Tal como avanzó en el pleno de ayer, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, subrayó que se trataba de una obligación legal y defendió que su aplicación se hará teniendo en cuenta la realidad urbana emeritense, con un modelo adaptado a la capital extremeña.

30,7 hectáreas

La Zona de Bajas Emisiones abarcaría inicialmente una superficie de 30,7 hectáreas, un ámbito que ya era mayoritariamente peatonal como consecuencia de decisiones adoptadas en anteriores legislaturas. Aunque el proyecto contemplaba la posibilidad de ampliarla hasta 90 hectáreas, el concejal de Movilidad, Felipe González, aseguró durante la sesión plenaria que el Gobierno local “en ningún momento” preveía hacerlo y que la delimitación actual “se quedaría como viene, en una fase inicial que será definitiva”.

Uno de los dispositivos de vigilancia instalados en Mérida.

Uno de los dispositivos de vigilancia instalados en Mérida. / Alberto Manzano

Aparcamientos y aglomeraciones

Osuna insistió en que la implantación sería “progresiva” y “pedagógica”, condicionada a que la ciudadanía conociera plenamente el funcionamiento de la ZBE, para lo que anunció un plan de comunicación “buzón por buzón” y reuniones con colectivos. Además, destacó los beneficios del sistema tecnológico financiado con fondos europeos, que permitiría mejorar la fluidez del tráfico, ofrecer información en tiempo real sobre aparcamientos y aglomeraciones y reforzar la seguridad vial, al tiempo que dijo que la aplicación de las multas podría retrasarse mediante un periodo transitorio, sin ningún afán recaudatorio.

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