La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar con 20.000 euros a una funcionaria tras una caída en el Palacio de Justicia de Mérida

La Audiencia Nacional ha condenado a la Administración del Estado a indemnizar con 20.000 euros a una funcionaria interina destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mérida tras sufrir una caída en su puesto de trabajo en el Palacio de Justicia emeritense. La sentencia, dictada el 22 de enero de 2026 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y a la que ha tenido acceso el Périódico Extremadura, estima parcialmente el recurso presentado por la trabajadora y anula la resolución previa que había rechazado su reclamación de responsabilidad patrimonial.

La caída por cables sueltos

Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2022. La funcionaria, que se encontraba de guardia, cayó al suelo después de que la rueda de su silla se enredara con varios cables informáticos que estaban sueltos bajo su mesa de trabajo en el Palacio de Justicia de la capital autonómica. Como consecuencia del accidente sufrió una fractura de húmero proximal derecho en tres fragmentos, lo que requirió asistencia hospitalaria y un largo tiempo de recuperación. Tardó 247 días en curar y le han quedado secuelas consistentes en una limitación de movilidad del hombro derecho inferior al 50 por ciento, siendo además su brazo dominante.

Existió funcionamiento anormal

La clave del fallo está en que la Audiencia Nacional aprecia nexo causal entre el estado del cableado y la caída, considerando acreditado que bajo el puesto de trabajo había varios cables sueltos. La Sala rechaza la tesis de la Abogacía del Estado, que atribuía el accidente a una posible falta de diligencia de la empleada interina, y manifiesta que la Administración tiene el deber de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, el tribunal considera que existió un defectuoso mantenimiento del cableado informático, lo que supone un funcionamiento anormal del servicio público en este edificio.

Indemnización complementaria

Aunque la funcionaria ya había percibido 990 euros por lesiones permanentes no incapacitantes a través del sistema específico de protección de los empleados públicos, la Audiencia entiende que esa cantidad no cubre íntegramente los daños sufridos. Por ello, reconoce su derecho a una indemnización adicional de 20.000 euros (15.000 por las secuelas sufridas y 5.000 por los días de incapacidad), cantidad económica ya actualizada. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.