El Ayuntamiento de Mérida garantiza comida para una semana a la colonia de gatos de La Isla

El Ayuntamiento de Mérida ha garantizado la comida para la colonia felina del parque de La Isla, según ha podido saber este periódico. El alimento colocado por operarios municipales es para una semana y la mismas fuentes han añadido que la zona no está inundada. El asunto de los gatos se ha puesto en el primer foco de la actualidad después de que un total de 22 asociaciones animalistas de la región hayan firmado un comunicado en el que acusaban al consistorio de actuar con "falta de empatía" ante la colonia de gatos de la Isla del Guadiana, que, según denunciaron, había quedado "arrasada" tras la crecida del río provocada por los desembalses. La Asociación de Alimentadores y Gestores de Colonias Felinas de Mérida (AGECO) aseguró el pasado lunes que las autoridades municipales no han hecho "nada" por salvar a los animales. Asimismo, la entidad explicó que las intensas lluvias pusieron en alerta a los cuidadores, que han estado trasladando "constantes avisos" al consistorio, a la policía o a los bomberos sobre el "peligro" que acechaba.

Ante esos llamamientos, el ayuntamiento se habría limitado, siempre según Ageco, a retirar el mobiliario urbano dispuesto para los gatos. Así, el jueves 12 de febrero los animales han quedado aislados en un pequeño espacio, rodeados completamente de agua, lo que ha impedido desde ese día el acceso de los voluntarios que los cuidaban a diario. A su vez, operarios municipales han utilizado maquinaria para colocar pienso sobre las mesas de los merenderos más cercanos del parque.

La escena ha movilizado a vecinos y asociaciones animalistas y ha reabierto una pregunta incómoda: ¿están preparadas las administraciones para proteger también a los animales cuando llega una emergencia? La respuesta no puede limitarse a un rescate improvisado. La situación obliga a reflexionar sobre qué pueden hacer los ciudadanos, qué deben hacer las autoridades y qué dice la ley cuando los animales —que hoy son reconocidos legalmente como seres sintientes— quedan expuestos a un riesgo previsible por el temporal.

En primer lugar, la implicación ciudadana resulta clave, pero debe ser responsable. Ante una inundación, los vecinos pueden avisar inmediatamente al 112 o a la Policía Local si detectan animales atrapados, contactar con asociaciones que gestionen colonias felinas y ofrecer ayuda logística —transportines, mantas, alimento o acogida temporal— si las entidades lo solicitan. Lo que no se recomienda es intervenir por cuenta propia en zonas anegadas, ya que el riesgo para la integridad personal es elevado.

No es un caso aislado

Lo ocurrido en Mérida no es un caso aislado. En los últimos años, las DANAs en el Levante, incendios forestales en Galicia o Castilla y León y desbordamientos en distintas ciudades andaluzas han puesto en peligro a colonias felinas y a animales domésticos. En muchos de esos episodios, asociaciones protectoras han denunciado la ausencia de protocolos específicos para animales comunitarios, especialmente aquellos gestionados mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). La experiencia demuestra que cuando no existe planificación previa, la respuesta depende casi exclusivamente del propio voluntariado.

Ahí es donde la coordinación entre asociaciones animalistas y autoridades se vuelve determinante. Los colectivos pueden trabajar con los ayuntamientos a través de convenios estables que permitan actuar con rapidez, mantener censos actualizados de colonias para localizarlas en caso de evacuación e integrarse en los planes municipales de emergencia junto a Protección Civil y los servicios veterinarios.

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La dimensión legal tampoco es menor. La normativa de protección civil obliga a las administraciones a prever y gestionar riesgos. A ello se suma la legislación de bienestar animal, que atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad sobre las colonias felinas urbanas. Si se acreditara una falta de actuación ante un peligro conocido o reiterado en zonas inundables, podrían derivarse responsabilidades administrativas e incluso patrimoniales. La protección de estos animales no es únicamente una cuestión ética: también es jurídica.

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Por eso, el episodio del Guadiana pone el foco en la prevención. Entre las medidas que podrían adoptarse figuran la identificación de colonias situadas en áreas inundables para su reubicación progresiva, la instalación de refugios elevados, la creación de redes de casas de acogida temporales y la inclusión explícita de los animales en los simulacros municipales de inundación. Anticiparse reduce costes, sufrimiento y conflictos posteriores.

La concienciación social también juega un papel esencial. Informar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante emergencias naturales, incluir el bienestar animal en campañas educativas y reforzar el mensaje de que la protección animal forma parte de las políticas públicas modernas puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Cuando la sociedad entiende que los animales forman parte del entorno urbano de los municipios, la respuesta colectiva mejora.