La reforma de calles en Mérida busca priorizar al peatón, modernizar infraestructuras y mejorar la convivencia vecinal

La reforma de la plataforma única en varias calles del centro de Mérida ya permite intuir dos caras bien distintas de la misma obra. La primera es la que vende el Ayuntamiento: un entorno más amable para caminar, más accesible y con mejor imagen urbana. La segunda, la más inmediata, es la de una intervención de cinco meses que obligará a ordenar accesos, carga y descarga, garajes y paso de peatones en un área con vida comercial y residencial. El proyecto salió a licitación el 5 de febrero con un presupuesto de 1,35 millones de euros.

Una reforma pensada para cambiar la calle

La actuación afecta a las calles Santa Lucía, San Juan, López Puigcerver —en el tramo comprendido entre Santa Lucía y la avenida de Extremadura— y a la plaza de Joan Miró. Según la información difundida por el Ayuntamiento, la intervención busca priorizar al peatón, mejorar la convivencia entre usos y modernizar infraestructuras urbanas en una zona muy transitada del centro emeritense.

Traducido al lenguaje de calle, la obra quiere suavizar la frontera tradicional entre calzada y acera para ganar continuidad peatonal, facilitar los recorridos y eliminar barreras arquitectónicas. El Consistorio subraya que se renovarán los pavimentos, se mejorará el drenaje, se modernizarán las redes de servicios y se actualizará el alumbrado público, con la idea de lograr un espacio más cómodo, eficiente y accesible.

Ese discurso municipal conecta además con una aspiración repetida en muchas reformas urbanas del centro histórico: que la calle vuelva a ser un espacio de estancia y de paso amable, y no solo un lugar de circulación. En este caso, el Ayuntamiento sostiene expresamente que la obra debe favorecer el tránsito peatonal, el uso ciudadano de estos espacios y la actividad comercial del entorno.

El comercio, entre la molestia inmediata y la expectativa de mejora

Ahí aparece el principal equilibrio que tendrá que resolver la obra. Porque si el resultado final se plantea como una mejora para el comercio, el pliego de contratación deja claro que durante la ejecución habrá afecciones que no se pueden maquillar. De hecho, se pide a las empresas que analicen los condicionantes externos de la obra para causar "el menor perjuicio posible" tanto a los trabajos como a la movilidad, la accesibilidad, las afecciones a terceros y las afecciones medioambientales.

No se trata solo de una mención genérica. La documentación obliga a detallar la incidencia de cada fase, el balizamiento, la forma de facilitar el paso de peatones y las afecciones a accesos a garajes, terrazas, veladores o kioscos. Es decir, la administración da por hecho que habrá incomodidades y exige que las constructoras expliquen cómo piensan reducirlas.

Para un comerciante de la zona, eso significa convivir durante varios meses con cortes parciales, cambios en itinerarios y una calle en transformación. Pero también implica que la gestión de esa incomodidad pesará en la valoración de las ofertas. No solo importará cuánto rebaje una empresa el precio, sino también cómo organice la obra para dañar lo menos posible la vida diaria del barrio.

Comunicación con vecinos y planificación por fases

El Ayuntamiento ha asegurado que las obras se ejecutarán con la planificación necesaria para minimizar las molestias a vecinos y comercios y que se mantendrá "en todo momento" la comunicación con la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos. Esa es, por ahora, la formulación oficial conocida. La actuación ha dado un paso de gigante después de que la mesa de contratación ya haya abierto las ofertas económicas. La pugna deja, por ahora, una propuesta más ajustada que el resto. Cubillana ha presentado la oferta económica más baja, con 1.279.340,19 euros. Le siguen Imesapi, con 1.284.172,24 euros; Eulen SA, con 1.315.575 euros; y Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura SL, con 1.345.520 euros.

Precisamente, el adjudicatario que salga tras la valoración de ofertas, deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos, comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral y mantener documentación específica sobre prevención, personal, riesgos y coordinación durante la obra.

Además, el documento establece que las obras deberán estar convenientemente señalizadas y protegidas para reducir daños y accidentes, y recuerda que cualquier incumplimiento en materia de seguridad y salud podrá considerarse un incumplimiento contractual grave o muy grave. En una intervención situada en calles de uso diario, esa obligación adquiere un valor especial por la presencia constante de peatones, vehículos y actividad económica.

No es menor tampoco que la propia oferta técnica de las empresas deba explicar cómo se facilitará el paso de peatones en cada fase. En este tipo de obras, la seguridad no depende solo de vallas y señales, sino de algo más básico: que quien sale de casa, va a un comercio o entra a un garaje entienda por dónde puede pasar y por dónde no. Esa lectura se apoya en las exigencias del pliego sobre balizamiento y paso peatonal.

Qué se valora en la licitación

El expediente no se decide únicamente por precio. La licitación se tramita con pluralidad de criterios y da entrada tanto a elementos automáticos como a otros de valoración técnica. Entre estos últimos figura el plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva, donde se analiza cómo cada empresa estudia el proyecto y propone medidas para reducir afecciones, mejorar materiales o introducir soluciones innovadoras.

Ese apartado incorpora incluso la posibilidad de proponer materiales o unidades de obra de mayor calidad, con mejor eficiencia, durabilidad, capacidad aislante o tecnologías innovadoras, siempre que estén acreditadas mediante certificados o pruebas homologadas. Es una pista clara de por dónde quiere cubrirse el Ayuntamiento para que la reforma no quede en una simple capa estética de corto recorrido.

A eso se suma el peso de la oferta económica, sometida a fórmulas automáticas, y la vigilancia sobre posibles bajas desproporcionadas. El pliego fija distintos umbrales para detectar ofertas anormalmente bajas según el número de licitadores y prevé pedir justificación cuando una propuesta entre en esa zona de sospecha. Con ello se intenta evitar adjudicaciones muy agresivas en precio que luego puedan traducirse en problemas de ejecución.

La durabilidad, más allá del día de la inauguración

En las obras urbanas, la foto del estreno suele durar mucho menos que el pavimento. Por eso una parte relevante del expediente mira también al después. El pliego contempla la mejora de materiales, controles de calidad y un régimen de garantías que obliga al contratista a responder durante el plazo de garantía y, en determinados supuestos, por vicios ocultos durante un periodo más amplio.

La cuestión de la durabilidad no es menor en una zona donde el nuevo diseño deberá soportar tránsito peatonal continuo, servicios urbanos y el desgaste propio de la ciudad consolidada. El éxito de la plataforma única no dependerá solo de que la calle quede más bonita o más accesible, sino de que el pavimento, las redes y el alumbrado aguanten bien el paso del tiempo y no conviertan la reforma en una obra de mantenimiento prematuro. La segunda frase es una inferencia razonable basada en el contenido del pliego sobre materiales, control y garantía.

Un cambio urbano con efectos visibles en la vida diaria

En el fondo, la reforma resume bastante bien el tipo de ciudad que Mérida dice querer para su centro: menos barreras, más prioridad peatonal y un entorno mejor integrado en la vida cotidiana y en el patrimonio. Ese es el horizonte. Pero entre la licitación y la calle acabada hay un tramo delicado, el de las zanjas, los accesos provisionales, la señalización y la paciencia de vecinos y comerciantes.

La obra, por tanto, no solo se jugará en los materiales o en el presupuesto. También se la jugará en la gestión diaria del conflicto inevitable entre reformar y seguir viviendo. En una ciudad como Mérida, donde el centro es al mismo tiempo espacio patrimonial, comercial y vecinal, ese equilibrio suele decidir si una actuación se recuerda como una mejora necesaria o como una molestia mal explicada. La última frase es valoración periodística apoyada en el tipo de intervención descrita en las fuentes oficiales.